El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha vuelto a entrar de lleno en el debate político con una intervención especialmente dura contra el Gobierno. Durante la clausura del curso de verano organizado por la CEE, la Fundación Pablo VI y la Universidad Pontificia de Salamanca, el arzobispo de Valladolid afirmó que “cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones” y añadió después: “A las pruebas me remito”.
Argüello hizo esa reflexión en el curso titulado El colapso de la democracia. La oportunidad para una geopolítica al servicio del ser humano, donde reclamó una “regeneración” de los sistemas democráticos y pidió recuperar una referencia ética común. Tras la frase más polémica, el presidente de los obispos matizó que esa exigencia también debía aplicarse a los ciudadanos, mencionando las trampas en la declaración de la renta o los pagos en negro.
La intervención llega después de meses de tensión entre la jerarquía eclesial y el Gobierno. Argüello ya se había situado en el centro de la polémica por sus apelaciones a adelantar las elecciones o activar mecanismos constitucionales como una moción de censura o una cuestión de confianza, una posición que después intentó rebajar asegurando que no le competía pedir comicios anticipados.
Contra las ayudas públicas y los derechos LGTBI
El presidente de los obispos también cargó contra lo que llamó democracias “asistencialistas”. Según Argüello, el Estado corre el riesgo de convertirse en una “Cáritas laica” que reparte “limosnas” o “paguitas” para generar ciudadanos dependientes de las subvenciones.
El discurso se endureció aún más cuando abordó las leyes sobre sexo y género aprobadas en los últimos años. Argüello denunció un supuesto proyecto de “deconstrucción antropológica” y criticó la prohibición de las terapias de conversión, al sostener que se condena como tal el “acompañamiento” a determinadas personas.
Las terapias de conversión han sido rechazadas por organismos de derechos humanos y colectivos profesionales por intentar modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. En España, la legislación estatal y varias normas autonómicas las han perseguido como prácticas contrarias a la dignidad y los derechos de las personas LGTBI.
La Iglesia vuelve a pisar terreno partidista
Argüello no habló desde un púlpito menor. Lo hizo como presidente de la Conferencia Episcopal, en un acto organizado por instituciones de la Iglesia y ante un auditorio convocado para debatir sobre democracia, geopolítica y bien común. Su intervención volvió a situar a los obispos en un espacio político que en los últimos años se ha movido entre la crítica al Gobierno, el choque con Vox por la inmigración y la disputa interna entre sectores más sociales y sectores más duros de la Iglesia española.
La paradoja quedó también dentro del propio curso. En la sesión inaugural, el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, había defendido la acogida a las personas migrantes frente a discursos que consideró difícilmente compatibles con el Evangelio, en una referencia directa al clima político alimentado por la ultraderecha Vox. Dos días después, Argüello ha clausurado el encuentro con un discurso mucho más cercano al marco cultural de la derecha contra el Gobierno, las políticas de igualdad y el modelo social del Estado.
La frase sobre la “banda de ladrones” ya ha quedado incorporada a una nueva intervención política del presidente de los obispos. El siguiente paso será comprobar si la Conferencia Episcopal la presenta como una reflexión moral general o si vuelve a acusar a los medios de haber sacado de contexto unas palabras pronunciadas ante la propia escuela de verano de la CEE.
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