Las dos principales asociaciones judiciales, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), han exigido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, “respeto” y “responsabilidad institucional” tras sus críticas al juez Juan Carlos Peinado, que ha procesado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos.
La APM, primera asociación en número de afiliados dentro de la carrera judicial, ha calificado de “inadmisible” que un miembro del Gobierno afirmara que la decisión del magistrado “ha avergonzado a muchos ciudadanos” y también “a muchos jueces y magistrados”. En su comunicado, recuerda que en un Estado de derecho las resoluciones judiciales deben recurrirse por las vías legales, no mediante declaraciones públicas.
“Las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos”, subraya la asociación, que insiste en que los cauces procesales existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y corregir posibles errores dentro del propio sistema judicial.
Además, la APM recalca que los jueces “no necesitan que el Poder Ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos”, sino “respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial”, incluso cuando las decisiones no coinciden con los intereses del Gobierno.
En esta línea, la asociación también ha instado al Ministerio de Justicia a centrar sus esfuerzos en los problemas estructurales del sistema, como las “graves dificultades organizativas y materiales” derivadas de la implantación de los tribunales de instancia, en lugar de intervenir en debates sobre procedimientos en curso.
Por su parte, la AJFV ha ido un paso más allá y ha denunciado que las declaraciones de Bolaños suponen “un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes”. La asociación ha expresado su “profunda preocupación” por el “descrédito” que, a su juicio, generan este tipo de manifestaciones.
Asimismo, ha reclamado “responsabilidad institucional” a los poderes públicos y ha advertido de que “cuestionar sin fundamento la labor de los jueces solo incrementa la desconfianza y agrava la división”. En su comunicado, también lamenta que estas declaraciones se realizaran en un acto como la presentación de las becas SERÉ, destinadas a opositores a la carrera judicial y fiscal.
