La propuesta de expropiación del piso de Maricarmen ha elevado este viernes la tensión dentro del Gobierno. Félix Bolaños ha rechazado la medida reclamada por Sumar y ha cuestionado su encaje constitucional, mientras el socio minoritario insiste en llevarla al Consejo de Ministros del próximo martes junto al nuevo decreto de vivienda.
El ministro de la Presidencia ha marcado distancias desde Bilbao con una propuesta que Yolanda Díaz y los ministros de Sumar consideran necesaria para que la mujer de 87 años pueda regresar a la casa en la que ha vivido durante siete décadas. Bolaños ha asegurado que estas fórmulas "no llevan a ninguna parte y no tienen encaje claro en la Constitución española" y ha defendido una respuesta más amplia ante los problemas de acceso a la vivienda.
Su posición ha encontrado una réplica inmediata en el ala izquierda del Ejecutivo. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reafirmado que Sumar seguirá "peleando" la expropiación y ha defendido que el Gobierno dispone de herramientas legales para actuar. El dirigente ha recordado que la Constitución somete la propiedad privada a una función social y ha reclamado una respuesta que advierta a los fondos de inversión de que no pueden tratar la vida de la gente como un "tablero del monopoly".
El desacuerdo se concentra en la utilización de esa vía para el caso concreto de Maricarmen. Bolaños apuesta por medidas generales que protejan al conjunto de los inquilinos vulnerables, mientras Sumar considera que recuperar esta vivienda enviaría un mensaje político frente a quienes especulan con un bien básico.
Sumar mantiene la presión dentro del Gobierno
Bustinduy ha separado la expropiación del futuro decreto de vivienda y ha dejado claro que se trata de dos decisiones distintas. La primera permitiría actuar sobre el inmueble de Maricarmen. La segunda busca extender la protección frente a los desahucios, prorrogar contratos y regular algunos de los usos más especulativos de la vivienda.
Movimiento Sumar ha acompañado su presión dentro del Ejecutivo con una campaña pública que superó las 12.000 firmas durante sus tres primeras horas. La recogida seguirá abierta hasta el martes, fecha que la formación ha convertido en el límite para que el Gobierno responda al desahucio y apruebe el nuevo paquete de medidas.
"El PSOE debe reaccionar", ha reclamado la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero. Yolanda Díaz también ha exigido que ambas decisiones lleguen al Consejo de Ministros "sí o sí". La ofensiva permite al socio minoritario colocar la vivienda en el centro de su acción política y marcar perfil propio dentro de la coalición después de unas imágenes que han provocado una profunda indignación social.
Bolaños ha confirmado que el Gobierno trabaja con el objetivo de aprobar el decreto el próximo martes. Las medidas anteriores cayeron en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts, por lo que Moncloa intenta cerrar previamente una mayoría que evite otro revés parlamentario. Las posiciones de Junts y Podemos siguen obligando al Ejecutivo a conciliar exigencias muy alejadas entre sí.
El ministro ha pedido "altura de miras y responsabilidad" a los grupos y ha defendido que las conversaciones permanezcan fuera del foco público. "Conversaciones privadas, acuerdos públicos", ha resumido después de asegurar que el Ejecutivo va a "dejarse la piel" para que el decreto pueda salir adelante.
La oferta que cambia el escenario
La propuesta presentada esta tarde por Urbagestión al Ayuntamiento de Madrid introduce un elemento nuevo en el pulso. La sociedad propietaria ha ofrecido incorporar el piso al programa Reviva de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo para que Maricarmen pueda regresar mediante un alquiler "estable y asequible".
Esa fórmula permitiría que la empresa mantuviera la propiedad mientras la EMVS asumiría la gestión del alquiler y ofrecería distintas garantías al propietario. El Ayuntamiento ha recibido el planteamiento, aunque todavía debe estudiarlo. El Sindicato de Inquilinas y la abogada de Maricarmen aseguran que no han recibido ninguna propuesta oficial.
Si llega a concretarse y cuenta con la aprobación de Maricarmen, la oferta puede rebajar el choque inmediato sobre la expropiación. Por ahora sigue siendo una propuesta sin condiciones cerradas y aparece después de que la mujer haya sido expulsada de su casa, trasladada en camilla e ingresada en el hospital. Antes del lanzamiento se plantearon varias alternativas de compra, alquiler y mediación que terminaron sin acuerdo.
Sumar mantiene que el conflicto supera el futuro inmediato de Maricarmen y exige una señal política frente a los grandes propietarios. El sector socialista concentra sus esfuerzos en un decreto con alcance general y con apoyos suficientes para sobrevivir a la votación del Congreso. La campaña de firmas seguirá activa hasta el martes, cuando ambas posiciones volverán a encontrarse alrededor de la mesa del Consejo de Ministros.
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