Urbagestión ha dado un giro apenas dos días después de conseguir que Maricarmen fuera expulsada por la fuerza de la vivienda donde había vivido durante 70 años. La empresa ha enviado este viernes al Ayuntamiento de Madrid una propuesta "de urgencia" para que la mujer pueda regresar al mismo piso mediante un alquiler estable y asequible, gestionado ahora por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
El plan pasa por incorporar la casa, situada en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, al programa Reviva o buscar otra fórmula con los servicios sociales. Urbagestión mantendría la propiedad del inmueble y recibiría una renta garantizada mientras la empresa municipal se encarga del contrato, la relación con la inquilina y parte de los gastos.
La propuesta llega después de que la propiedad mantuviera hasta el final el procedimiento judicial, rechazara aplazar el lanzamiento por razones humanitarias y descartara las soluciones planteadas durante las últimas horas de negociación. Maricarmen terminó saliendo en camilla, fue introducida en una ambulancia y permanece ingresada en el Hospital Gregorio Marañón.
Ni la abogada de la mujer ni el Sindicato de Inquilinas habían recibido información sobre el plan cuando Urbagestión lo ha anunciado públicamente. Tampoco se ha concretado cuánto tendría que pagar Maricarmen, durante cuánto tiempo podría permanecer en la casa o qué condiciones exigiría la sociedad para entregar temporalmente su gestión al Ayuntamiento.
"Para nosotras no es cierto porque no nos ha llegado nada", ha respondido una portavoz del Sindicato de Inquilinas. El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida confirma que ha recibido el ofrecimiento, pero todavía debe decidir si lo acepta y cómo podría encajarse dentro del programa municipal.
Un alquiler protegido con ventajas para la propiedad
Reviva permite que los propietarios cedan temporalmente el usufructo de una vivienda a la EMVS para destinarla al alquiler asequible. El dueño mantiene la titularidad y cobra todos los meses la cantidad pactada, incluso cuando el inmueble se encuentra vacío. El Ayuntamiento asume además la gestión administrativa y jurídica del contrato.
El programa ofrece otras ventajas. La empresa municipal se hace cargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la cuota ordinaria de la comunidad, el seguro del hogar y las reparaciones habituales. También puede adelantar hasta 45.000 euros sin intereses para reformar la vivienda.
Por tanto, Urbagestión conservaría el piso, recibiría una renta con la garantía del Ayuntamiento y trasladaría a las arcas públicas una parte de los gastos. La intervención municipal que no consiguió impedir el desahucio serviría ahora para asegurar las condiciones económicas que la propiedad reclama para permitir el regreso de Maricarmen.
El movimiento contrasta con lo ocurrido el miércoles. Durante más de una hora, la defensa intentó alcanzar un acuerdo con la comisión judicial y los representantes de la empresa. Se propuso suspender el lanzamiento durante un mes, esperar a que el juzgado estudiara el último escrito y aceptar la ayuda de una escritora que se ofreció a pagar la diferencia del alquiler.
La abogada Beatriz Duro confirmó entonces a "ElConstitucional.es" que ninguna alternativa salió adelante. "La propiedad se niega absolutamente a todo", denunció poco antes de que la Policía Nacional entrara en la vivienda y Maricarmen fuera trasladada al hospital.
Urbagestión reconoce ahora que recibió dos correos del pianista James Rhodes ofreciéndose a comprar la casa, aunque sostiene que llegaron cuando el lanzamiento ya se había ejecutado. La empresa mantiene que el inmueble no está en venta y asegura que el Ministerio de Vivienda nunca presentó una oferta formal para adquirirlo. El departamento de Isabel Rodríguez sostiene que intentó comprar la vivienda a través de la empresa pública Casa 47 y que la propiedad no respondió.
Urbagestión intenta imponer su relato tras el desahucio
La compañía también ha difundido un comunicado para negar que exigiera a Maricarmen los 1.650 euros mensuales denunciados por su defensa. Admite que habló de una renta rebajada entre un 40% y un 50% respecto al precio de mercado y que recibió una propuesta para establecer un alquiler de hasta 900 euros, pagado conjuntamente por Casa 47 y la propia inquilina.
Urbagestión asegura que aquella opción carecía de suficientes garantías jurídicas y económicas. La negociación terminó con la empresa manteniendo su demanda de desahucio y con Maricarmen expulsada de la casa, una secuencia que ahora trata de corregir mediante la intermediación del mismo Ayuntamiento que no le proporcionó una alternativa residencial adecuada antes del lanzamiento.
La sociedad también ha anunciado acciones legales contra el Sindicato de Inquilinas y reclama 10.000 euros por haberla definido como "fondo buitre". Asegura que ha sufrido "presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas", mientras las movilizaciones por el caso se extienden por varias ciudades.
Maricarmen ha hablado desde el hospital para agradecer el apoyo recibido y pedir que la protesta continúe. "No ha podido ser, pero por favor luchad", ha trasladado. También ha dejado claro que su reclamación supera ya su caso personal: "Lo que quiero es que este problema con los fondos buitre se elimine de una vez".
La mujer continúa en observación en el Gregorio Marañón, cansada y debilitada después del operativo. Cuando reciba el alta se alojará temporalmente con un familiar. Urbagestión ya ha enviado su propuesta al Ayuntamiento, pero todavía no se la ha presentado a Maricarmen ni a la abogada que lleva años defendiendo su permanencia en la vivienda.
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