El Gobierno llega al viernes con una fecha marcada por Sumar y un acuerdo todavía por cerrar. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, exige que el Consejo de Ministros apruebe el martes 29 de septiembre el decreto de vivienda y la expropiación del piso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada el miércoles en Madrid. El ala socialista ha acelerado las conversaciones tras el impacto del caso, pero quiere asegurarse de que la norma sobreviva a su posterior votación en el Congreso.
Díaz ha reclamado ambas medidas "sí o sí". La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha llevado más lejos la advertencia. En una entrevista concedida el jueves por la noche a 'El Intermedio', ha dicho que confía en alcanzar un entendimiento, aunque un rechazo del PSOE en el Consejo abriría "un punto de inflexión" en la coalición. Rego también ha reconocido que el Gobierno tiene una parte de responsabilidad en lo ocurrido con Maricarmen y ha explicado que Sumar estudia una fórmula para expropiar viviendas en casos de vulnerabilidad. Por ahora se trata de propuestas de su espacio político, pendientes de acuerdo dentro del Ejecutivo.
El desahucio ha cambiado el ritmo de una negociación atascada desde antes del verano. El borrador trabajado por PSOE y Sumar plantea prorrogar durante dos años los contratos de alquiler que venzan hasta junio de 2028, regular los arrendamientos de temporada y por habitaciones y recuperar la protección de los hogares vulnerables frente a los desahucios. El contenido definitivo sigue abierto, especialmente en las medidas fiscales y en la reforma de la Ley del Suelo.
Vivienda quiere cumplir con el decreto el martes, pero busca antes una mayoría
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado en 'Malas Lenguas', de RTVE, que trabaja para llevar el texto al Consejo de Ministros el martes. Ha sostenido que las imágenes del desahucio han acercado posiciones entre partidos que estaban distanciados y ha pedido un compromiso para convalidar la norma. Su preocupación tiene una consecuencia práctica: el decreto podría entrar en vigor tras su aprobación y publicación, pero necesitaría el respaldo del Congreso en un plazo de 30 días para seguir vigente.
El PSOE ha confirmado que habrá otra oportunidad para votar el decreto y ha apelado a la "responsabilidad social" de los grupos. Hasta ahora, los socialistas preferían aplazar el Consejo de Ministros mientras buscaban apoyos. Sumar defiende aprobar las medidas ya y trasladar después a cada formación parlamentaria la responsabilidad de respaldarlas o rechazarlas. Esa diferencia ha quedado expuesta incluso entre ministros: Óscar Puente ha respondido con dureza a las críticas de sus socios, mientras Mónica García le ha pedido centrar los esfuerzos en sacar adelante la norma.
Junts presenta sus condiciones y Podemos vigila el texto
Los siete diputados de Junts vuelven a ocupar el centro de las conversaciones después de que su partido votara junto al PP y la ultraderecha Vox contra anteriores medidas de protección frente a los desahucios. La formación de Carles Puigdemont afirma que entregó sus propuestas a Pedro Sánchez hace dos semanas y que el PSOE las está estudiando. Reclama deducciones fiscales para inquilinos y pequeños propietarios hipotecados, incentivos a la compra y garantías para que el coste de proteger a las familias vulnerables recaiga en las administraciones.
La negociación incluye una fórmula para mantener suspendido el desahucio de una familia vulnerable mientras espera una alternativa habitacional y compensar con fondos públicos al propietario durante ese periodo. Sigue siendo una propuesta en discusión, igual que las concesiones fiscales que Junts pretende introducir. ERC ha criticado que la conversación se concentre primero en Puigdemont. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha pedido que las fuerzas de izquierda acuerden sus medidas y dejen que Junts decida después si vota contra ellas.
Al otro lado de la negociación están los cuatro diputados de Podemos. Ione Belarra considera insuficiente el paquete que prepara el Gobierno y reclama expropiar viviendas de fondos y grandes propietarios para destinarlas al alquiler social. Su formación ha advertido de que rechazará una reforma de la Ley del Suelo incluida en el decreto y se opone a nuevos beneficios fiscales para los caseros. El PNV, por su parte, mantiene sus propias exigencias sobre esa reforma, lo que estrecha aún más el margen para cerrar un único texto.
Rodríguez mantiene abiertos los contactos con Junts y Podemos. Ninguno de los dos ha comprometido sus votos para la convalidación. El PSOE tiene hasta el martes para decidir qué texto lleva al Consejo de Ministros; Sumar ya ha avisado de que espera encontrar allí tanto el decreto como la propuesta para recuperar la casa de Maricarmen.
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