Podemos ha elevado este jueves la presión sobre el Gobierno ante el decreto de vivienda que PSOE y Sumar quieren acelerar después del desahucio de Maricarmen. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha tachado el paquete de "medidas de maquillaje" y ha reclamado expropiar las viviendas de los fondos de inversión y los grandes propietarios para destinarlas al alquiler social.
La dirigente calcula que estas entidades poseen alrededor de 650.000 pisos en toda España y considera que incorporarlos al parque público permitiría ofrecer alquileres asequibles y reducir la capacidad de los grandes inversores para controlar el mercado. La cifra procede de las estimaciones de Podemos y Belarra no ha detallado durante la entrevista el coste ni el calendario de una operación de ese alcance.
"Frente a esta crisis no caben medias tintas", ha defendido en 'Mañaneros 360'. Para Belarra, el problema ha superado ya los límites de una emergencia temporal y requiere cambiar las reglas que han permitido que fondos, bancos y sociedades inmobiliarias acumulen viviendas mientras una parte creciente de la población encuentra dificultades para alquilar o comprar.
La líder de Podemos ha vinculado directamente su propuesta con el caso de Maricarmen, desalojada este miércoles de la casa madrileña donde vivía desde 1956. Belarra ha calificado el desahucio de "asesinato" al considerar que expulsar de su entorno a una mujer de 87 años, con discapacidad y movilidad reducida, compromete gravemente su salud.
También ha denunciado la "violencia policial absolutamente injustificada" contra quienes intentaron detener el lanzamiento. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, asegura que fue agredido durante el operativo, ha presentado un parte de lesiones y ha anunciado que acudirá a los tribunales.
El caso de Mari Carmen muestra con crudeza que la crisis de vivienda está rompiendo España. Frente a ella no caben medias tintas, hay que expropiar ya las viviendas de los fondos de inversión y grandes propietarios para el alquiler social. pic.twitter.com/vAUu6s9zdK
— Ione Belarra (@ionebelarra) September 24, 2026
Cuatro votos que vuelven a ser decisivos
La posición de Podemos resulta determinante para un decreto que continúa sin una mayoría asegurada. Sus cuatro diputados ya advirtieron antes del verano de que votarían en contra si el Gobierno mantenía la reforma de la Ley del Suelo, considerada por la formación una "amnistía urbanística" destinada a facilitar grandes operaciones paralizadas por irregularidades administrativas.
El borrador negociado por PSOE y Sumar contempla prorrogar durante dos años los contratos que venzan hasta junio de 2028, recuperar la protección de familias vulnerables frente a los desahucios, regular los alquileres de temporada y por habitaciones y elevar la tributación de los pisos turísticos. También incorpora bonificaciones fiscales para los propietarios que congelen o reduzcan las rentas, una fórmula que Podemos rechaza.
El problema para Moncloa está en que algunas concesiones destinadas a atraer a Junts y al Partido Nacionalista Vasco chocan con las exigencias de los morados. Junts reclama más incentivos para propietarios e inquilinos, medidas contra la ocupación y respeto a las competencias catalanas, mientras el PNV insiste en incluir la reforma de la Ley del Suelo.
Sumar ha pedido además que el Consejo de Ministros del próximo martes apruebe la expropiación de la vivienda de Maricarmen y la devuelva a su antigua inquilina. Podemos amplía esa reclamación y propone actuar sobre el conjunto de los pisos en manos de fondos de inversión y grandes tenedores.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mantiene abiertas las conversaciones con los grupos y quiere llegar al martes con los apoyos atados. Podemos conserva su línea roja sobre la Ley del Suelo y Belarra ha dejado claro que sus cuatro diputados no respaldarán un texto construido con retoques. "Con medidas que tocan un poquito aquí y otro poquito allá no vamos a resolver un problema estructural", ha advertido.
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