El PSOE y los partidos del Frente Amplio cerraron anoche un acuerdo para presentar candidaturas conjuntas al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre. La alianza, denominada Senado de Progreso, busca concentrar los apoyos de la izquierda para disputar al PP la mayoría absoluta de la Cámara Alta. El pacto llegó a pocos minutos de que venciera el plazo para registrar coaliciones, después de semanas de conversaciones y de la presión de una iniciativa ciudadana que reclamaba una papeleta compartida.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentó el acuerdo como una respuesta a esa demanda de unidad. "Os hemos escuchado, hemos entendido vuestro mensaje", afirmó, antes de agradecer el esfuerzo de las organizaciones participantes. Los socialistas difundieron también un vídeo con el anuncio y un mensaje que resume su objetivo electoral. "Vamos a por un Senado de Progreso".
Un acuerdo histórico a la altura del momento que vivimos.
— PSOE (@PSOE) October 16, 2026
Vamos a por un SENADO DE PROGRESO. pic.twitter.com/51CvPlnJDp
El Frente Amplio defendió la cooperación para construir una mayoría progresista y recuperar el papel constitucional de la institución. La plataforma Senadoras y Senadores por la Democracia, que había impulsado el acercamiento, celebró que los partidos hubieran atendido la petición. "Este acuerdo nace de la sociedad civil", destacó al agradecer el trabajo para hacerlo posible.
El alcance territorial del pacto
La alianza reúne al PSOE, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista y Batzarre, con un alcance previsto en torno a cuarenta provincias y una aplicación que deberá concretarse territorialmente. Las conversaciones entre Torró y el secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago, fueron determinantes para cerrar el entendimiento antes de la medianoche.
Al pacto se añaden los acuerdos específicos en Baleares y La Gomera. En las islas baleares, la cooperación incluye a los socialistas, Més, IU y Movimiento Sumar. Catalunya queda fuera del acuerdo estatal, al que tampoco se han incorporado los Comuns, mientras que en Canarias el entendimiento con el PSOE se circunscribe a La Gomera. Podemos tampoco forma parte de la alianza estatal, aunque sus bases habían respaldado la cooperación al Senado con el bloque progresista en Menorca, Ibiza y Formentera.
La fórmula negociada en las circunscripciones provinciales pasa por combinar dos candidatos socialistas con un tercero de las fuerzas aliadas, con adaptaciones según el territorio. En la Comunitat Valenciana, el reparto contempla que ese tercer puesto corresponda a Més-Compromís en Alicante, a Iniciativa del Poble Valencià en Valencia y a Esquerra Unida en Castellón. El acuerdo político deja todavía trabajo por delante para concretar los nombres y completar las candidaturas.
La cooperación al Senado se cerró la misma noche en la que fracasó el acuerdo estatal entre Frente Amplio y Podemos para el Congreso. Las candidaturas unitarias de Canarias y la Comunitat Valenciana quedaron como las principales excepciones a esa división. El entendimiento con el PSOE permite, al menos en la Cámara Alta, coordinar a organizaciones que competirán entre sí por los votos para la Cámara Baja.
Una suma que puede cambiar los escaños
El incentivo electoral es especialmente fuerte por la forma de elegir a los senadores. En las provincias peninsulares se reparten cuatro escaños y cada elector puede marcar hasta tres candidatos, incluso de partidos diferentes. Habitualmente, la fuerza más votada obtiene tres representantes y la segunda consigue uno. Concentrar el voto progresista puede invertir ese reparto y permitir que la izquierda pase de uno a tres senadores en una provincia. Cada cambio de ese tipo supondría dos escaños adicionales para sus candidatos y dos menos para sus adversarios, aunque dependerá del respaldo efectivo que reciban los nombres de la lista.
Un informe interno del PSOE, adelantado por ‘elDiario.es’, calculaba hasta 40 senadores más con una candidatura unitaria. La simulación, elaborada con estimaciones provinciales de comienzos de octubre, dibujaba 150 representantes progresistas al sumar los elegidos en las urnas y los ya designados por las autonomías, por encima de la mayoría absoluta. Aquel escenario incluía también a Podemos y una convergencia territorial más amplia. El resultado del pacto finalmente cerrado dependerá de dónde se aplique, de la participación y de cuánto voto consiga reunir cada candidatura.
La disputa tiene consecuencias para la próxima legislatura. El Senado puede enmendar y vetar leyes, aunque el Congreso dispone de mecanismos para levantar esos vetos. También propone a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, para lo que necesita una mayoría de tres quintos, superior a la absoluta. El PP perdería capacidad para actuar en solitario en la Cámara si deja de controlar esa mayoría. En el cómputo final influirán, además, los senadores designados por los parlamentos autonómicos, que no se renuevan mediante estas elecciones generales.
La cooperación tiene un precedente en el pacto de PSOE e IU de 2000, cuando Joaquín Almunia y Francisco Frutos acordaron coordinar candidaturas para el Senado. En las provincias previstas, los socialistas presentarían dos candidatos e IU uno, manteniendo candidaturas independientes y solicitando conjuntamente el voto para los tres. El PP terminó aquellas elecciones con 127 senadores de elección directa. Ahora, los partidos deberán completar las listas del nuevo acuerdo durante el plazo de presentación de candidaturas, entre el 21 y el 26 de octubre.
