El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado este jueves la apuesta de Donald Trump por dejar la regulación de la inteligencia artificial en manos de las propias empresas tecnológicas. "Es un error poner en manos del zorro el cuidado del gallinero", ha advertido durante la inauguración del 'Foro La Toja-Vínculo Atlántico', donde ha defendido controles públicos y responsabilidades legales para quienes utilicen los algoritmos contra la convivencia democrática.
Sánchez ha reclamado "obligaciones legales, escrutinio público, supervisión gubernamental" y la asunción de "responsabilidades, incluso penales" cuando las grandes plataformas manipulen sus sistemas para fines que amenacen la democracia. Su intervención ha situado el poder de los llamados "tecnoligarcas" entre los principales desafíos de unas instituciones que deben conservar la capacidad de proteger a los ciudadanos frente a empresas de alcance mundial.
El discurso se ha producido en O Grove, Pontevedra, ante el rey Felipe VI, los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
A pocas horas de la votación de los dos decretos de vivienda, Sánchez también ha trasladado a esa tribuna una petición al Congreso para que los convalide y deje a un lado las "confrontaciones partidistas".
Responsabilidades penales frente al poder de los algoritmos
El jefe del Ejecutivo ha defendido una inteligencia artificial con vocación humanista, sometida a las autoridades democráticas. "Creo que el progreso nunca ha consistido en renunciar a las reglas, ha consistido en construir reglas a la altura del momento que vive cada sociedad", ha afirmado. Su planteamiento exige que el desarrollo tecnológico vaya acompañado de obligaciones que puedan fiscalizarse, con consecuencias para quienes las incumplan.
Como respaldo a esa posición, ha reivindicado la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y el Plan IA360, presentado el pasado 21 de septiembre. Esta hoja de ruta prevé actuaciones durante doce meses para extender el uso de la tecnología en la economía y los servicios públicos, reforzar las capacidades españolas y avanzar en un acuerdo con los agentes sociales sobre su despliegue responsable.
También ha mencionado el proyecto de ley en tramitación para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. Sánchez ha vinculado esa iniciativa con la exigencia de responsabilidades a las grandes plataformas, cuyos servicios afectan tanto a la protección de los menores como a la información que reciben los ciudadanos.
El presidente ha advertido de que estos poderes han adquirido una "escala planetaria", por lo que la respuesta de cada Estado resulta insuficiente. De ahí su reclamación de una Europa con mayor capacidad de actuación y un presupuesto más ambicioso, capaz de financiar seguridad, autonomía tecnológica y adaptación a la emergencia climática. Esa defensa de la cooperación europea ha incluido un reproche al PP por bloquear en el Senado el tratado de amistad con Francia. "¿Qué interés nacional de política exterior o idea de Europa se está defendiendo cuando se decide tumbar un tratado de amistad con Francia?", ha preguntado.
La sociedad necesita reglas justas y quiere certezas. Saber que no estará sola.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 1, 2026
Para eso sirven las instituciones. Para eso sirven Europa y el sistema multilateral.
Y ese es el orden que merece la pena construir. pic.twitter.com/ILFCnrU4KQ
Bajo el lema del foro, 'Un mundo en desorden', Sánchez ha relacionado la desregulación tecnológica con el debilitamiento del derecho internacional, el uso de los aranceles como instrumento de presión y las consecuencias económicas de las guerras. Ha reivindicado los escudos sociales para proteger a familias y empresas frente al encarecimiento de la energía y ha defendido las renovables con otra de las frases de su intervención. "Frente a Ormuz, sol, agua y viento".
La vivienda llega al Congreso como una cuestión de humanidad
La protección de quienes tienen menos capacidad para defenderse ha llevado el discurso hasta la emergencia habitacional, que Sánchez ha señalado como una de las mayores dificultades del país. El presidente ha defendido los acuerdos alcanzados el martes dentro del Gobierno de coalición y mediante el diálogo parlamentario, en respuesta a las movilizaciones que siguieron al desahucio de Maricarmen, de 87 años.
"Tenemos que garantizar el acceso a la vivienda y lo que le pido al Congreso y también a los grupos es altura de miras para convalidar los decretos", ha reclamado. Después ha emplazado a los partidos a superar sus diferencias. "Dejemos a un lado la ideología y las confrontaciones partidistas para centrarnos en una cuestión que es de pura humanidad".
Esta semana hemos aprobado importantes medidas para proteger a la gente, para garantizar el derecho a la vivienda.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 1, 2026
Pido al Congreso altura de miras y sentido de Estado para convalidar los decretos en la sesión de mañana.
Pido que la humanidad se imponga a la ideología. pic.twitter.com/aJXcUnuyR0
El llamamiento llega con dos votaciones separadas y perspectivas distintas. El primer decreto reúne el grueso de las medidas de protección, entre ellas las actuaciones frente a los desahucios y las restricciones a las compras de vivienda por fondos de inversión. El segundo recoge la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las demandas centrales del movimiento de inquilinas.
Podemos ha confirmado este jueves su apoyo a ambos textos, después de reunirse con la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. El PNV respaldará el primero y rechazará el segundo, mientras Junts ha convocado a su ejecutiva esta noche para decidir el voto. La posición de los independentistas y la de Coalición Canaria siguen siendo determinantes para la convalidación del paquete principal.
El rechazo de los cinco diputados del PNV deja sin mayoría el decreto de renovación automática, incluso si Junts lo apoyara, con las posiciones anunciadas por los grupos. Los nacionalistas vascos sostienen que perjudicaría al pequeño propietario y reduciría la oferta de alquiler. La separación de las normas permite que el Congreso vote el resto de las protecciones sin que su aprobación dependa de esa medida. Ambos textos se someterán a convalidación este viernes 2 de octubre.
