La Abogacía del Estado se opone a que el Tribunal Supremo eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Los servicios jurídicos del Ejecutivo defienden que la medida entra dentro de las competencias nacionales de España y que el Derecho europeo permite conceder autorizaciones de residencia por razones humanitarias o de otro tipo.
El escrito, registrado este viernes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, responde al trámite abierto por el Supremo en los recursos presentados por Aragón y la Comunidad Valenciana, ambas gobernadas por el Partido Popular. Los dos gobiernos autonómicos sostienen que la regularización puede chocar con el Pacto Europeo de Migración y Asilo y piden llevar el asunto a Luxemburgo.
La Abogacía rechaza esa vía y reprocha al Supremo que sus dudas se acerquen más a un “dictamen consultivo sobre cuestiones generales o hipotéticas” que a una necesidad real de interpretación del Derecho de la Unión. También sostiene que no se puede pedir al TJUE que valore la oportunidad política de una decisión que corresponde al Estado español.
El núcleo del choque con el Supremo
El Supremo ha puesto el foco en las disposiciones del real decreto que permiten conceder una autorización temporal de residencia por arraigo a personas que hubieran pedido protección internacional antes del 1 de enero de 2026, incluso si esa solicitud fue denegada y existe un procedimiento de devolución o expulsión.
La norma también prevé que la concesión de esa autorización pueda implicar el archivo de esos expedientes de expulsión o devolución. Para la Sala, ahí surge la duda de si el decreto español puede entrar en colisión con la normativa europea sobre retorno de personas en situación irregular.
La Abogacía responde que la legislación comunitaria deja margen a los Estados miembros para conceder permisos nacionales de residencia por motivos humanitarios, sociales o de arraigo. Según los servicios jurídicos del Gobierno, esa posibilidad no desaparece por la existencia de una decisión de retorno previa.
El escrito insiste en que España no está creando un permiso europeo ni una vía de circulación general por el espacio comunitario, sino una autorización nacional vinculada a su propia legislación de extranjería. La competencia, según la Abogacía, sigue estando en manos del Estado.
Una regularización ya cerrada con más de 1,17 millones de solicitudes
El choque judicial llega justo después de que terminara el plazo para acogerse al proceso. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha registrado 1.174.978 solicitudes hasta el cierre del 30 de junio. Más de 600.000 expedientes están ya admitidos a trámite y alrededor de 11.000 personas han recibido resolución favorable.
El Gobierno ha defendido la regularización como una vía para sacar de la invisibilidad administrativa a personas que ya vivían en España, trabajaban en sectores esenciales y no podían cotizar de forma ordinaria. La Abogacía subraya en su escrito que la incorporación plena al sistema fortalece la Seguridad Social, mejora la recaudación y ayuda a prevenir situaciones de explotación laboral.
La medida nació tras una iniciativa legislativa popular apoyada por más de 700.000 firmas y terminó aprobándose por real decreto. El Ejecutivo la planteó como una regularización temporal, con requisitos concretos y resolución individualizada de cada expediente. Entre ellos, estancia previa en España, ausencia de antecedentes penales y acreditación de circunstancias personales o sociales.
Aragón y Valencia piden frenar el proceso
El Gobierno de Aragón ha reiterado este viernes su petición para que el Supremo suspenda la regularización mientras se resuelve la posible vía europea. La Comunidad Valenciana ya había defendido también que el asunto llegue al TJUE y que el proceso quede paralizado de forma cautelar.
Los dos recursos autonómicos se apoyan en la idea de que la regularización puede debilitar la política común europea de retorno y alterar el reparto de responsabilidades entre Estados miembros. La Abogacía lo niega y sostiene que la medida española no invade competencias comunitarias ni incumple la cooperación leal con la Unión Europea.
Los servicios jurídicos del Gobierno también ven prematuro plantear ahora una cuestión prejudicial. Recuerdan que el procedimiento está todavía en una fase vinculada a medidas cautelares y que el Supremo no ha entrado aún en el fondo de los recursos. A su juicio, no hay base suficiente para enviar la consulta a Luxemburgo en este momento.
El escrito añade otro reproche técnico. La Abogacía considera que la providencia del Supremo contiene “omisiones relevantes” y una motivación insuficiente, hasta el punto de que una cuestión prejudicial planteada en esos términos podría tener problemas de admisión ante el TJUE.
El Supremo deberá decidir ahora si mantiene la tramitación en España o si envía la consulta a Luxemburgo. Mientras tanto, Migraciones continúa resolviendo expedientes y el Gobierno mantiene el mensaje de tranquilidad a las personas que ya han presentado su solicitud.
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