El agitador ultra Vito Quiles ha convertido su paso por los juzgados de Plaza de Castilla en una nueva show. Quiles se ha presentado este viernes junto a su abogado después de que la jueza Rosa María Freire dejara sin efecto la orden de busca, detención y presentación dictada contra él por no acudir a dos citaciones judiciales.
A su salida de los juzgaos, el 'pseudoperiodista' ha optado una vez más por el tono desafiante. “Hemos ganado el pulso al Gobierno, hemos ganado el pulso a Pedro Sánchez”, ha proclamado ante los medios. También ha acusado al presidente del Gobierno de querer “la foto” de él “entrando esposado en un calabozo” y ha defendido que no pensaba prestarse a esa imagen.
La resolución judicial, sin embargo, no cierra la causa. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid le ha citado como querellado el próximo 20 de julio a las 12.45 horas. La providencia advierte además de que una nueva incomparecencia injustificada podrá dar lugar a su detención.
Dos citaciones ignoradas y una causa por un bulo
La orden contra Quiles nació después de que no acudiera a declarar los días 9 y 25 de junio en una causa abierta por un presunto delito contra el honor. El procedimiento parte de la querella de un funcionario público al que el agitador atribuyó en redes hechos falsos, entre ellos haber estado en prisión, haber salido gracias a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y haber sido colocado después en un ministerio.
El denunciante sostiene que Quiles difundió su nombre completo y una fotografía personal, lo que habría provocado insultos, amenazas y mensajes vejatorios en redes sociales. La querella reclama 50.000 euros por daños morales y profesionales.
La Policía acudió esta semana a la sede de Estado de Alarma TV, donde trabaja Quiles, para ejecutar la orden judicial, pero no logró localizarlo. Él respondió en redes con burlas, mensajes de desafío y una fotografía en una piscina mientras mantenía que no se entregaría “al Gobierno de Sánchez”.
El juzgado desmontó la versión de su abogado
La defensa de Quiles había intentado presentar la actuación del juzgado como una negativa a aceptar su comparecencia voluntaria. Su abogado, Juango Ospina, aseguró que acudió a Plaza de Castilla y que allí le trasladaron que, si su cliente se presentaba, sería detenido.
Fuentes judiciales ofrecieron otra versión. El juzgado estaba de guardia y la magistrada se encontraba atendiendo declaraciones de detenidos, por lo que no podía organizar una comparecencia ordinaria de forma inmediata. Según esas fuentes, al letrado se le indicó que el cauce era acudir a una comisaría, comunicar la voluntad de ponerse a disposición judicial y facilitar domicilio y teléfono de contacto.
Este viernes, tras la personación formal de la defensa y la disposición de Quiles a declarar, la jueza ha levantado la orden y ha fijado una nueva fecha. El procedimiento seguirá adelante.
“Entro con mi pasaporte y salgo con él”
Quiles ha usado la retirada de la orden para alimentar su relato de persecución política. “Yo sí que puedo decir que cuando vengo aquí entro con mi pasaporte y salgo con él, otros no pueden decir lo mismo”, ha afirmado ante la prensa, antes de atacar a periodistas y rivales políticos.
El agitador ha insistido en que la orden era “política” y ha comparado su situación con otros casos mediáticos. También ha defendido que la medida “no tiene ni pies ni cabeza” y que, en causas similares, bastaría una orden de localización.
A preguntas de periodistas, Quiles ha vuelto a defender la versión que originó la querella. Ese será el punto central de su declaración del 20 de julio, donde tendrá que responder por las publicaciones que llevaron al funcionario a acudir a los tribunales.
El caso se suma a otros frentes judiciales abiertos contra Quiles en distintos juzgados, entre ellos procedimientos vinculados a presuntas calumnias, revelación de secretos, acoso o delitos de odio. En el plano político, su figura ha sido arropada por dirigentes de la derecha del Partido Popular y la ultraderecha Vox mientras acumula episodios de tensión con periodistas, cargos públicos y sedes institucionales.
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