La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este lunes su petición de 29 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat, y penas de entre 8 y 14 años de prisión para sus seis hermanos. Durante la fase final del juicio, el fiscal Fernando Bermejo, solo ha modificado dos puntos: ha pedido archivar la causa contra el expresidente Jordi Pujol, después de que el tribunal lo exonerara por demencia, y también contra el empresario Carles Vilarrubí, fallecido el pasado diciembre.
En este contexto, Bermejo, en sus informes finales, ha criticado que las defensas intentaran presentar el caso como un “ataque a Cataluña" y "un juicio político”, haciendo alusión a la “policía patriótica”. De la misma forma, ha solicitado que se rechace la idea de que en Cataluña existiera una supuesta “tradición familiar” de ocultar dinero en Andorra, tal y como apuntó uno de los testigos. Según ha sostenido, esa práctica podía darse en determinados círculos empresariales, pero no representaba a la mayoría de ciudadanos catalanes ni a quienes llegaron desde otras partes de España para trabajar y contribuir al desarrollo económico de la comunidad. Para el fiscal, detrás de esa supuesta costumbre no había una práctica social extendida, sino directamente “delito”.
Bermejo ha defendido además que el caso Pujol “no ataca a Cataluña”, sino que busca proteger el sistema tributario “como pilar del Estado social” y, con ello, a los propios ciudadanos catalanes. En su intervención ha criticado el discurso que durante años ha responsabilizado al Estado de la falta de recursos públicos, recordando que la ciudadanía sí ha cumplido “con sus obligaciones fiscales”. “Quien defrauda a la administración pública no perjudica a un ente abstracto sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a las comunidades autónomas, incluida Cataluña”, afirmó.
El representante de Anticorrupción también ha subrayado la “gravedad institucional” del presunto fraude debido al perfil de los acusados, al tratarse de personas que durante décadas ocuparon puestos de máxima representación política en Cataluña. A su juicio, resulta “especialmente contradictorio invocar un discurso de agravio por falta de recursos mientras de forma dolosa se elude la contribución al sistema que debe generar esos mismos recursos”. Bermejo ha insistido en que el procedimiento judicial “no se trata de perseguir a una familia por razones políticas, sino la existencia de una organización criminal” vinculada a un caso de “corrupción política a una escala muy importante”.
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