El tribunal de la Audiencia Nacional ha citado este lunes al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para someterle a un reconocimiento médico clave. La decisión determinará si está en condiciones de declarar en el juicio en el que se le investiga por presunto enriquecimiento ilícito, en una causa que también afecta a varios miembros de su familia.
La comparecencia está fijada para las 9:30 horas en la sede judicial de San Fernando de Henares (Madrid), donde un médico forense evaluará su estado de salud. Según la providencia judicial, el exdirigente catalán deberá acudir personalmente y podrá aportar documentación médica adicional que respalde su situación clínica actual.
Este nuevo examen se produce tras lo ocurrido el 24 de noviembre de 2025, cuando al inicio del juicio los forenses ya concluyeron que Jordi Pujol “no estaba en condiciones” de participar plenamente en el proceso. En aquel momento, el tribunal permitió que siguiera las sesiones desde su domicilio en Barcelona, atendiendo a su delicado estado de salud.
Los informes médicos apuntan a que el expresidente padece un trastorno neurocognitivo mayor de carácter mixto, con componentes de alzheimer y deterioro vascular. Su médico personal, Jaume Padrós, ha reiterado recientemente que su estado es degenerativo y progresivo, y ha calificado de “muy cruel” obligarle a acudir presencialmente al juicio en estas circunstancias.
En paralelo a la situación médica, el proceso judicial continúa avanzando. A partir de las 10:00 horas de este mismo lunes están previstas las declaraciones del resto de acusados, entre ellos sus siete hijos: Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia Pujol. El tribunal también ha dispuesto la presencia de un intérprete de catalán para varias jornadas clave del juicio.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Jordi Pujol una pena de nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros. Además, reclama condenas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel para sus hijos, a quienes considera parte de una supuesta organización criminal que habría operado durante décadas aprovechando su posición política.
El origen del caso se remonta a 2014, cuando el propio Jordi Pujol reconoció públicamente que mantenía dinero en el extranjero. En aquel momento, atribuyó esos fondos a una herencia de su padre, Florenci Pujol, alegando que este decidió mantenerlos fuera de España por temor a la inestabilidad política del pasado. Ahora, más de una década después, la justicia trata de esclarecer si ese patrimonio tiene un origen lícito o forma parte de una trama de corrupción.
