Este lunes y martes se celebrarán las últimas declaraciones de los acusados del juicio del caso Kitchen, la causa que investiga la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas durante el gobierno de Mariano Rajoy, con el fin de conseguir información que pudiese afectar a la formación durante las investigaciones de la trama de corrupción, Gürtel . Las jornadas estarán marcadas por la declaración de los tres últimos acusados pendientes de comparecer ante la Audiencia Nacional.

Los encargados de cerrar la fase de declaraciones serán el inspector José Luis Olivera– exjefe de la UDEF -policías que investigaban Gürtel-, enfrenta revelación de secretos y posible soborno–, José Ángel Fuentes Gago–inspector jefe, conocedor de la trama– y Bonifacio Díaz Sevillano– inspector de policía, conocedor de la trama. Aunque la Fiscalía no formula acusación contra ninguno de ellos, otras partes personadas en el procedimiento sí mantienen cargos. La familia Bárcenas solicita para los tres un total de 41 años de prisión, una petición respaldada también por la Abogacía del Estado y las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Podemos.

 La representación legal de Luis Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias y su hijo Guillermo Bárcenas sostienen que los tres acusados conocían la existencia de la operación Kitchen y eran conscientes de su "carácter ilícito". 

Con estas comparecencias concluirá la ronda de declaraciones de los acusados, después de que durante las últimas semanas hayan pasado por el tribunal otros siete procesados. Una vez finalizadas estas declaraciones, el juicio entrará en la fase de informes finales, en la que Fiscalía, acusaciones y defensas expondrán sus conclusiones ante el tribunal. 

Los acusados del 'caso Kitchen'

Entre los acusados se encuentra, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior con Rajoy, es el principal acusado. La Fiscalía le imputa por organización criminal, malversación de fondos reservados, revelación de secretos y prevaricación, pidiendo 15 años de cárcel más 33 de inhabilitación por autorizar el espionaje ilegal desde su ministerio.

Francisco Martínez, su secretario de Estado de Seguridad, enfrenta los mismos cargos más encubrimiento, con igual pena solicitada. Se le acusa de coordinar directamente los 53.266 euros desviados y reuniones con Villarejo para organizar la operación.

José Manuel Villarejo, comisario jubilado y ejecutor material, es el más castigado: 19 años por organización criminal, malversación y revelación de secretos. Él reclutó al chófer Sergio Ríos, allanó el taller de Bárcenas y coordinó seguimientos y pinchazos a las conversaciones del extesorero.

Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional (DAO), se le acusa de organización criminal, malversación y revelación de secretos. La Fiscalía pide 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación por autorizar desde la cúpula policial el desvío de fondos reservados y supervisar el operativo de espionaje contra Bárcenas. Fue el puente entre Interior y Villarejo, validando los pagos ilegales al chófer Sergio Ríos.

Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas convertido en el topo, enfrenta malversación y revelación de secretos. Cobró 53.000 euros de fondos públicos (2.000€/mes + extras) por pinchar conversaciones, entregar documentos de la caja B y facilitar el allanamiento del taller de Bárcenas. Piden 8 años y 5 meses de prisión.

Andrés Gómez Gordo, asesor personal de María Dolores de Cospedal en Génova, está imputado por organización criminal y malversación. Gestionó directamente facturas falsas de fondos reservados (comidas, pistola para Ríos) y coordinó con Villarejo. PSOE pide prisión provisional por riesgo de fuga; Fiscalía solicita 15 años.

Marcelino Martín Blas, comisario de Asuntos Internos, se le acusa de malversación por entregar dinero público a Villarejo (parte de los 53.000€). Fue el "repartidor" físico de los fondos reservados justificados falsamente como "seguridad". Piden 2 años y 6 meses de cárcel.

José Luis Olivera, exjefe de la UDEF -policías que investigaban Gürtel-, enfrenta revelación de secretos y posible soborno. Se le imputa por filtrar información sensible de la investigación judicial a la trama ‘Kitchen’ para obstaculizarla. Fiscalía pide 6 años de prisión.

Para completar la lista, se sentarán asimismo, Bonifacio Díez Sevilla, inspector de policía, conocedor de la trama, como al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, a quienes la acusación popular reclama 13 años de prisión.