La defensa de Begoña Gómez ha solicitado la nulidad del auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado, en el que propone llevarla a juicio, al considerar que los delitos que se le atribuyen “no están acreditados” y que la investigación se cerró con una “rapidez inusitada”. Además, el escrito critica duramente que el magistrado haya comparado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Fernando VII, calificando esta referencia de “inaceptable” y cuestionando la imparcialidad del procedimiento.
En paralelo, la acusación popular encabezada por Hazte Oír ha solicitado una pena de 24 años de prisión para Gómez, además de medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país ante un supuesto “riesgo de fuga”. En su escrito, también pide la apertura de juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
La organización extiende su petición a otros investigados en la causa, como la asesora Cristina Álvarez, para quien reclama 22 años y medio de cárcel, y el empresario Juan Carlos Barrabés, para quien solicita seis años de prisión. Asimismo, plantea que los tres tengan la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, mientras el procedimiento judicial sigue avanzando en una fase clave.
