El juez Juan Carlos Peinado ha citado este lunes, 15 de junio a las 18:00 horas, a la mujer del presidente, Begoña Gómez, a una audiencia preliminar a la que deberá acudir con el empresario Juan Carlos Barrabés y con su asistenta Cristina Álvarez. En ella, Peinado decidirá si envía a juicio a Gómez por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. El magistrado les advirtió de que si no acudían serían “conducidos por la fuerza pública”.
La audiencia preliminar pone fin a la fase de instrucción antes de la celebración del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. En el caso de la acusación popular, encabezada por la organización ultra Hazte Oír, ha solicitado que se les apliquen medidas cautelares a los procesados como la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y que acudan al juzgado a firmar cada 15 días. En esta línea, alegan que exite un “evidente y fundado riesgo de fuga” por las altas penas que se piden.
El magistrado les convocó el 9 de junio, pero, la defensa de la mujer del presidente Antonio Camacho, recurrió la petición. En esta nueva citación Peinado ha reiterado que los acusados deben acudir porque de lo contrario, serán "conducidos por la fuerza pública".
Camacho presentó un recurso en el que acusaba al magistrado de tener "excesiva prisa", en finalizar la investigación ejerciendo "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado Democrático", argumento que ya empleó en varias ocasiones.
Asimismo, trasladó al juez instructor la conveniencia de tomar declaración al otro responsable de la cátedra que compartía dirección con Begoña Gómez, así como de proceder a la ratificación de los tres informes periciales aportados por la defensa. Respecto a la comparecencia de José Manuel Ruano, sostuvo que era "imprescindible" porque "si la acusación centra parte esencial de su imputación en la actividad desarrollada por Begoña Gómez en la Cátedra Extraordinaria, resulta imprescindible escuchar al otro director de dicha Cátedra antes de adoptar esa trascendental decisión".
En la misma línea, la defensa destacó que el magistrado ha aceptado "decenas de testigos propuestos por las acusaciones", mientras que ha rechazado la mayoría de las diligencias solicitadas por ella. Por ello, considera que no permitir esta declaración “supone una quiebra del principio de igualdad de armas".
En relación con los informes periciales, Camacho lamentó que no se haya acordado su ratificación y advierte de que ello "deja a la defensa sin poder contradecir pericialmente tres de los ejes fácticos sobre los que se construye la acusación: la existencia y cuantía del perjuicio económico, la naturaleza de la Cátedra y el reparto de responsabilidades entre las investigadas".
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