La jueza Pepa Tarodo ha cerrado la investigación del 'caso Azud' y ha situado a 38 personas a un paso del banquillo por una extensa trama de presunta corrupción relacionada con adjudicaciones públicas y operaciones urbanísticas en València y otros municipios de la Comunitat Valenciana. Entre los investigados aparecen cuatro familiares de la fallecida Rita Barberá y varios de los principales responsables políticos del Ayuntamiento durante sus años como alcaldesa.
La titular de la plaza 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha dictado un auto de procedimiento abreviado de 314 páginas. Esta decisión abre la fase previa a un eventual juicio y supone que la magistrada aprecia indicios suficientes para que las acusaciones concreten los delitos y las penas que reclamarán.
En la lista figuran José María Corbín, cuñado de Barberá, y sus tres hijas, sobrinas de la exalcaldesa. También están procesados Alfonso Grau, vicealcalde y hombre fuerte del gobierno municipal del PP; dos de sus hijas y sus yernos; el antiguo concejal de Urbanismo Jorge Bellver; el empresario Jaime Febrer; el exportavoz socialista Rafael Rubio; el abogado vinculado al PSPV José Luis Vera; funcionarios municipales y numerosos empresarios.
La investigación alcanza contratos y decisiones adoptadas entre 1999 y 2013, aunque el núcleo principal se sitúa durante la última década del mandato de Barberá, que gobernó València entre 1991 y 2015. La causa comenzó en 2016 después de que la Agencia Tributaria trasladara a la Fiscalía información sobre los elevados ingresos del despacho de Corbín y su difícil correspondencia con la actividad profesional declarada.
El "amparo personal" de la Alcaldía
La resolución coloca a Corbín, Grau y Febrer en el centro de una "verdadera asociación con fines delictivos". La jueza sostiene que los tres participaron en operaciones inmobiliarias relacionadas con el Ayuntamiento y con la empresa pública Actuaciones Urbanas Municipales (Aumsa), dentro de un sistema que les permitía "amañar las adjudicaciones de obra o contratos con total libertad".
Grau ejercía, según la magistrada, un "control total" sobre el Ayuntamiento. Corbín podía acceder a concejales, funcionarios y departamentos municipales gracias a su parentesco con la alcaldesa y al puesto de su esposa, María Asunción Barberá, como jefa del gabinete de Alcaldía. La jueza considera que este "amparo personal" convirtió al abogado en un intermediario capaz de conseguir contratos para determinadas empresas a cambio de comisiones.
El auto calcula que Corbín recibió 3.609.696 euros en presuntas mordidas procedentes de empresas adjudicatarias. Los pagos se canalizaban a través de su despacho o mediante sociedades interpuestas y se cubrían con contratos de asesoramiento que la investigación considera ficticios. Entre 2005 y 2017, Corbín Abogados declaró ingresos superiores a cinco millones de euros, pese a contar con tres o cuatro trabajadores y unos gastos de 681.784 euros.
La evolución del negocio también llamó la atención de los investigadores. En 2007, el despacho declaró una cifra de negocio de 1,2 millones. En 2015, el año en que Barberá perdió la Alcaldía, cayó hasta poco más de 40.000 euros. Cerca del 80% de sus ingresos habría procedido de comisiones vinculadas a seis grupos empresariales beneficiados por decisiones o contratos públicos, de acuerdo con la resolución.
Parte de ese dinero habría acabado en el patrimonio familiar. La jueza recoge el pago en efectivo de 172.000 euros para reformar el chalé de Corbín en Xàbia, una residencia en la que también veraneaba Barberá. También sitúa dentro de una posible operación de blanqueo los 360.000 euros que el abogado atribuyó a unas papeletas premiadas de la Lotería de Navidad.
Dos de sus hijas recibieron posteriormente donaciones de 150.000 euros para comprar sus viviendas y la casa de una tercera habría sido adquirida con fondos procedentes de las comisiones investigadas. La magistrada precisa que las tres hijas no participaron en las actividades atribuidas a su padre, aunque sostiene que se beneficiaron económicamente de ellas.
El auto también menciona regalos entregados a Rita Barberá entre 2001 y 2007 por un valor conjunto de 7.651 euros. En la relación aparecen bolsos y artículos de Louis Vuitton, lotes navideños, una maleta y una botella de vino Pingus valorada en 1.520 euros. La jueza considera que estos obsequios superaban ampliamente cualquier uso de cortesía.
Barberá falleció en 2016 y no puede quedar sometida a responsabilidad penal en esta causa. La resolución, sin embargo, examina el funcionamiento del Ayuntamiento que dirigió y afirma que su posición habría facilitado la actividad de su cuñado. En uno de sus pasajes sostiene que la exalcaldesa "propiciaba" los pagos al despacho de Corbín vinculados a determinadas adjudicaciones públicas.
Alfonso Grau aparece relacionado con al menos ocho operaciones presuntamente corruptas. La instructora le atribuye alrededor de dos millones de euros en comisiones y un incremento patrimonial de origen ilícito cifrado en 802.924 euros. Parte del dinero habría sido ocultado mediante ingresos en efectivo, amortizaciones anticipadas de préstamos, adquisiciones inmobiliarias y cuentas manejadas por familiares.
La trama también alcanzó al PSPV
El 'caso Azud' nació alrededor del gobierno municipal del PP, aunque la instrucción también ha encontrado ramificaciones en la oposición socialista de aquellos años. La jueza procesa al exportavoz del PSPV en el Ayuntamiento y exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, a su esposa y al abogado José Luis Vera.
Rubio habría recibido desde 2002 regalos del empresario Jaime Febrer y, según el auto, terminó alcanzando un pacto con la trama después de denunciar públicamente una operación urbanística. La magistrada sostiene que el acuerdo perseguía que rebajara su labor de fiscalización. En las cuentas compartidas con su mujer se detectaron 197.256 euros repartidos en 77 ingresos en efectivo, generalmente por debajo de los límites que podían activar controles bancarios.
A José Luis Vera se le atribuye el papel de intermediario ante administraciones gobernadas por el PSPV y ante la empresa pública Acuamed. Las sociedades de Febrer le pagaron más de un millón de euros, según la investigación. La resolución recoge además el abono de 484.480 euros en gastos electorales del PSPV durante las campañas de 2007 y 2008 mediante una empresa interpuesta. Parte de esa rama fue archivada por prescripción y porque el delito específico de financiación ilegal de partidos todavía no estaba vigente.
Las operaciones investigadas incluyen el contrato municipal de saneamiento, la adjudicación de parcelas públicas, promociones de vivienda protegida de Aumsa, el denominado 'caso Colegios' y planes urbanísticos en Xixona, Burjassot, Benicàssim y La Vila Joiosa. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifró en más de 7,1 millones de euros las comisiones investigadas en el conjunto de la causa.
Compromís ha pedido una "rotunda condena" para los responsables y que el dinero público sea recuperado. El PSPV ha reclamado la retirada de los honores concedidos a Barberá, entre ellos su nombre en el Puente de las Flores, al considerar que la resolución retrata el funcionamiento de su gobierno municipal.
La Fiscalía y el resto de las acusaciones disponen ahora de diez días para solicitar la apertura del juicio oral y presentar sus escritos, pedir el sobreseimiento o reclamar diligencias complementarias. Los 38 investigados mantienen la presunción de inocencia y pueden recurrir el auto mediante reforma en tres días o apelación en cinco.
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