La expresidenta de la Comunidad de Madrid y histórica dirigente del PP, Esperanza Aguirre, está citada a declarar este jueves como testigo en el juicio de una pieza del caso Lezo, en la que se juzga a su sucesor en el cargo, Ignacio González, por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público.
La comparecencia de Aguirre se produce en una causa que provocó en 2017 su dimisión como portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Madrid, después de la detención de Ignacio González, que había sido su número dos durante los años en los que estuvo al frente de la Comunidad de Madrid, entre 2003 y 2012.
Los acusados y las penas que reclama Anticorrupción
Además de Ignacio González, en esta pieza están acusados el exdirector gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente madrileño.
En la primera jornada del juicio, celebrada el pasado martes, las partes plantearon las cuestiones previas y Ignacio González y el resto de acusados negaron los hechos por los que están siendo juzgados. Para todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios, además de una multa de 550.000 euros.
El origen del encargo y la presunta trama para beneficiar a familiares
Los hechos se remontan a 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Madrid para posibilitar el uso público de diversas instalaciones del canal, y convocó un concurso para ejecutar el proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press.
En junio de 2004, la dirección del Canal de Isabel II, ostentada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso", a pesar de que, por las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación, según Anticorrupción.
El Ministerio Público sostiene que, guiados por ese objetivo, convinieron con Dragados que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente el contrato modificado, imponiéndole la condición de subcontratar para determinados trabajos a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, conocida comercialmente como TCT, cuyos socios eran José Antonio Clemente, el hermano y el cuñado de Ignacio González.
Según la Fiscalía, los familiares del expresidente madrileño ocultaron su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de disimular sus vínculos familiares con el dirigente del PP madrileño. La aprobación y adjudicación directa a Dragados de ese modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006, tras la intervención de González y de De Miguel.
Más de tres millones de euros en trabajos y subcontratas
La actuación conjunta de los acusados, según la Fiscalía, permitió que TCT, una empresa sin capacidad técnica para ejecutar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con fondos públicos.
El 15 de junio de 2006, antes incluso de que se adjudicase formalmente el modificado, Dragados subcontrató a TCT para realizar determinados trabajos, aludiendo a que en un concurso había sido la oferta más ventajosa. El escrito del Ministerio Público sostiene que los socios de TCT habían pactado reservadamente con responsables de Dragados incrementar en un 47% el importe a cobrar.
Esa misma fecha, Dragados firmó con TCT un contrato por importe de 160.204,79 euros, cuyo objeto era la ejecución de un hoyo número 4 de prueba en el campo de golf. Después, ese encargo se amplió con cuatro anexos fechados el 10 de agosto, el 15 de noviembre, el 24 de noviembre de 2006 y el 14 de febrero de 2007, por importes de 2.292.232,82 euros, 298.830,24 euros, 286.270,58 euros y 30.326,40 euros, respectivamente.
De este modo, el importe total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros, de acuerdo con el relato de la Fiscalía. El Ministerio Público añade que TCT se fundó en mayo de 2003 como sociedad de trabajos de ingeniería y que no fue hasta 2008 cuando incorporó la realización de proyectos deportivos, aunque, en todo caso, "carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos incluidos en el modificado".
Pagos, facturas y reparto de beneficios bajo siglas
Ante esa falta de capacidad, los encausados subcontrataron a su vez con las sociedades Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, y acordaron con ellas percibir una comisión del 8% por su intermediación. Según Anticorrupción, Fieldturf emitió tres facturas a TCT por importe de 270.204 euros y Onlygolf emitió hasta once facturas por un total de 2.605.805 euros.
Al mismo tiempo, TCT emitió trece facturas contra Dragados por importe total de 3.257.039 euros, de forma "sucesiva y correlativa" a las catorce facturas emitidas por Onlygolf y Fieldturf contra TCT por importe de 2.876.010,16 euros, obteniendo así un beneficio de 381.029 euros por su intermediación, que la Fiscalía considera innecesaria e impuesta.
La Fiscalía sostiene además que, entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, y en un contexto de precrisis económica, los acusados se fueron repartiendo parte de los beneficios "según un plan perfectamente documentado". En ese reparto, el hermano de Ignacio González, oculto bajo las siglas PG, recibió 101.348 euros mediante 20 entregas en efectivo; el cuñado, identificado como JJC, recibió 94.425 euros en once entregas; y José Antonio Clemente, bajo las siglas JCM, percibió 71.199 euros.
La concesión del campo de golf y la sociedad Green Canal Golf
Por otro lado, en 2006, el Canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas del tercer depósito a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras.
Tras esa adjudicación, la UTE constituyó la sociedad Green Canal Golf, que firmó en 2007 la concesión y, poco después, subcontrató con TCT el trabajo de mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 euros. Ese mismo día, TCT, "al carecer de capacidad para ejecutar ese trabajo", lo subcontrató con Onlygolf, reduciendo el canon mensual a 7.941 euros y logrando, por su mera intermediación, un beneficio aproximado de 124.000 euros, según el Ministerio Fiscal.
