El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado este lunes las acusaciones de un presunto delito de cohecho en la pieza del caso Lezo que juzga la Audiencia Nacional, junto a otras cuatro personas, por supuestas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público.
En la primera jornada del juicio, en la que las partes han planteado las cuestiones previas, Ignacio González y el resto de acusados, el exdirector gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente madrileño, han negado los hechos por los que están siendo juzgados.
La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel para cada acusado
Para los cinco procesados, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios de los mismos, además de una multa de 550.000 euros.
Durante las cuestiones previas, la defensa conjunta del hermano y el cuñado de Ignacio González ha pedido la “expulsión de la causa de la representación del Ayuntamiento de Madrid”, al considerar que, aunque está personada como acusación particular, “no tiene ningún perjuicio acreditado ni alegado”.
El tribunal, sin embargo, ha rechazado la falta de legitimación del consistorio por las “propias alegaciones” de la institución, que subrayó que “se encuentra integrado en la estructura societaria del Canal de Isabel II, de forma que un eventual perjuicio económico ocasionado a esta repercute necesariamente en los intereses” del Ayuntamiento de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid, considerado perjudicado por el tribunal
En esa misma línea, el Ayuntamiento de Madrid ha defendido que “ostenta un interés legítimo, concreto y actual en la persecución de los hechos, toda vez que el resultado del procedimiento penal afecta de manera directa la esfera jurídica y patrimonial de la corporación”.
La Fiscalía, por su parte, también se ha opuesto a la exclusión del consistorio de la causa, al sostener que “es accionista del Canal de Isabel II y, por lo tanto, puede ser perjudicado por los hechos que se van a juzgar”.
El Ministerio Público ha añadido que “cualquier desviación económica que se produzca en las actividades del Canal de Isabel II, realizada presuntamente en este momento por los acusados, erige al Ayuntamiento en un perjudicado legítimo a efectos penales”.
Los hechos se remontan a 2002 y a un convenio urbanístico
Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Madrid para posibilitar el uso público de diversas instalaciones del canal.
En ese contexto, el ente convocó un concurso para la ejecución del proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito del canal. Dos años más tarde, según Anticorrupción, la dirección del Canal de Isabel II, entonces en manos de Ildefonso de Miguel e Ignacio González, vicepresidente de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, “con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso”, pese a que, por las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación.
