El Partido Popular ha elevado este martes la presión judicial sobre el PSOE en el denominado caso Leire Díez. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha registrado ante la Audiencia Nacional un escrito en el que reclama al juez instructor, Santiago Pedraz, que cite al Partido Socialista como investigado por presuntos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.
La petición se produce en el marco de la investigación que dirige Pedraz sobre las presuntas maniobras destinadas a dificultar o desactivar procedimientos judiciales que pudieran afectar al PSOE o al Gobierno. En esta causa ya figuran como investigados, entre otros, la exmilitante socialista Leire Díez, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la gerente del partido, Ana María Fuentes.
El PP, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, sostiene en su escrito que los hechos investigados apuntan a una estructura organizada desde el entorno del partido. La formación reclama ahora que el propio PSOE pase a tener la condición de investigado en la causa y atribuye a su dirección un "amplio catálogo de actuaciones delictivas".
La solicitud deberá ser estudiada por el juez Pedraz, que ya investiga distintas actuaciones relacionadas con la presunta trama. La petición de los populares no implica, por sí misma, que el PSOE haya sido imputado ni que los delitos denunciados hayan sido acreditados judicialmente.
El PP sitúa el origen de la trama en la dirección del PSOE
Uno de los principales argumentos del escrito presentado por los populares es que las actuaciones investigadas no responderían, según su versión, a iniciativas individuales, sino a una estructura vinculada a la dirección del Partido Socialista.
En concreto, el PP habla de una "organización criminal" que, presuntamente, habría estado liderada por Santos Cerdán durante su etapa como secretario de Organización del PSOE y que habría sido creada en la sede nacional del partido. Según sostiene la formación, el propósito de esta estructura habría sido "proteger los intereses del Gobierno" y del PSOE frente a diferentes investigaciones judiciales.
El escrito relaciona este supuesto entramado con el periodo posterior a los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez en abril de 2024, después de anunciar públicamente que valoraba su continuidad al frente del Ejecutivo. El juez Pedraz ya había situado en aquel momento un punto relevante de la investigación, al considerar que una reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024 podía marcar el inicio de las actividades atribuidas a la presunta trama.
La investigación judicial sostiene que Cerdán habría encargado a Leire Díez actuaciones dirigidas a desestabilizar procedimientos judiciales o actuaciones policiales que pudieran perjudicar al PSOE o al Gobierno. En mayo, Pedraz imputó al propio Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, dentro de esta investigación.
El PP pretende ahora que las pesquisas se extiendan también a la responsabilidad penal del partido como tal.
El escrito señala a Leire Díez y a la gerente del PSOE
La formación de Feijóo sostiene además que la presunta estructura habría contado con la "colaboración" de Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE, que permanece investigada en la causa.
El PP también asegura que el entramado habría intentado "torcer la voluntad" de determinados fiscales y de un mando de la Guardia Civil. Entre los nombres mencionados por los populares figuran los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba.
En este punto, el escrito establece una conexión entre Leire Díez y Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, a través de la relación "personal y reiterada" que, según el PP, ambas mantenían.
La investigación de Pedraz ha incorporado en los últimos meses distintas diligencias relacionadas con las presuntas actuaciones de Díez y con los fondos utilizados para sufragar gastos vinculados a la trama. La UCO concluyó en un informe que el PSOE habría pagado 43.225 euros a Díez mediante dos intermediarios. Según los investigadores, cuatro transferencias de 4.000 euros y otros pagos vinculados a abogados tendrían su origen en el partido.
El juez también ha investigado el papel de la gerente socialista. En julio, Pedraz mantuvo su condición de investigada y rechazó, entre otras cuestiones, autorizar el clonado de su teléfono al considerar que la medida no resultaba proporcional en ese momento.
El PP incorpora asimismo a su escrito la financiación de Crónica Libre. Según la formación, el PSOE habría utilizado fondos públicos para financiar a este medio, al que califica como un "medio instrumental de la organización criminal". "Todo valía para financiar a las cloacas", señala el comunicado difundido por los populares.
La formación también pone el foco en la "falta de controles" internos del PSOE, tanto durante la supuesta puesta en marcha de la estructura como en la actualidad.
