La exmilitante socialista Leire Díez ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que anule la personación como perjudicada de Beatriz Biedma, la magistrada que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su defensa niega haberla calumniado y cuestiona los indicios con los que el instructor, respaldado por la Fiscalía Anticorrupción, permitió que ejerciera la acusación particular.
El recurso impugna la decisión adoptada el pasado lunes y sostiene que "no existe el más mínimo indicio" de una calumnia atribuible a Díez. La petición llega después de que Biedma aportara el miércoles más de 90 vídeos con los que pretende acreditar una campaña contra ella y ampliar las actuaciones que Pedraz aceptó investigar inicialmente.
La discusión se produce dentro de la causa sobre una presunta trama para obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del Gobierno, en la que se investiga la actuación de Díez y del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, entre otros. La incorporación de Biedma permite examinar posibles delitos cometidos contra ella durante la instrucción del procedimiento de David Sánchez; esa admisión sigue pendiente de lo que determine la investigación.
La defensa cuestiona que las denuncias archivadas prueben una calumnia
La abogada de Díez, Eva Bejarano, centra su recurso en las denuncias que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada presentó contra Biedma. Sostiene que su archivo no acredita por sí mismo que los hechos denunciados fueran falsos, ni que quien acudió a las autoridades supiera que lo eran. Ese es uno de los argumentos con los que combate la condición de perjudicada reconocida a la magistrada.
La Fiscalía mantiene que esas denuncias se formularon siguiendo las indicaciones de Díez. Según el relato recogido en el recurso, la primera fue archivada de plano y la segunda terminó también archivada, después de ser remitida a la Fiscalía Superior de Extremadura. La defensa discute tanto la interpretación penal de esos hechos como el papel atribuido a su clienta.
Bejarano subraya que las denuncias fueron firmadas únicamente por Sáenz de Tejada y que a Díez se le atribuye haberlas recibido y haber conversado con él sobre su contenido. Incluso si hubiera alentado su presentación, argumenta, sería necesario acreditar los elementos del delito. El escrito insiste en que su representada "nunca ha imputado un hecho delictivo a nadie".
El artículo 205 del Código Penal define la calumnia como atribuir un delito con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. La controversia exige determinar qué se imputó a Biedma, con qué conocimiento se hizo y qué intervención tuvo cada investigado. El recurso sostiene que esos requisitos no están acreditados respecto a Díez.
La defensa también cuestiona que la reclamación de Biedma deba tramitarse dentro de este procedimiento. Considera que introduce un delito ajeno al objeto original de la causa y advierte del riesgo de convertirla en una investigación "prospectiva", abierta a buscar nuevas responsabilidades sin hechos suficientemente delimitados. Si la magistrada entiende lesionado su honor, sostiene la letrada, debería plantearlo mediante una querella independiente.
Los vídeos y las sospechas que Pedraz dejó fuera
Biedma sostiene que fue objetivo de maniobras para desacreditarla y dificultar su investigación sobre David Sánchez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha analizado conversaciones sobre actuaciones dirigidas contra la magistrada, en particular las relacionadas con Sáenz de Tejada. Su causa sobre la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz terminó en julio con una condena de la Audiencia Provincial a nueve años de inhabilitación por prevaricación, susceptible de recurso.
El miércoles, la jueza presentó material del canal de YouTube 'Magistrado Anticorrupción TV', gestionado por el exmagistrado. Según su escrito, los ataques se intensificaron desde agosto de 2024, cuando se creó el grupo de WhatsApp 'Vacaciones y Viajes', integrado por Díez, Sáenz de Tejada y los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra. Biedma vincula ese incremento con la actividad del grupo y reclama que se examine el contenido de las publicaciones.
Pedraz había rechazado inicialmente investigar esos vídeos porque no se aportaban copias o documentos que permitieran establecer su relación directa con la causa. Tampoco consideró acreditado entonces que se hubieran elaborado por indicación de Díez. La nueva documentación pretende responder a esas carencias y conseguir que el instructor amplíe el examen de las posibles actuaciones contra Biedma.
La magistrada también ha reclamado investigar supuestos contactos con personas vinculadas al narcotráfico para hostigarla. Sin embargo, Pedraz dejó fuera esa hipótesis por falta de datos que respaldaran la interpretación de una anotación en la agenda de Díez. La resolución siguió el criterio de las fiscales, que rechazaron abrir una línea de investigación por cada apunte sin otros elementos que le dieran relevancia.
Entre las actuaciones conocidas figura el interrogatorio de la UCO a Cinthia Rocho, que aseguró en televisión haber recibido una propuesta para acosar a la jueza y afirmó que la rechazó. Biedma ha aludido además al asesinato del padre de esa mujer, ocurrido en diciembre de 2024, aunque su escrito no explica qué conexión tendría el crimen con las maniobras investigadas.
Pedraz ha citado a Biedma para declarar el próximo 8 de octubre, al reconocerle indiciariamente la condición de perjudicada "al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción".
