El primer juicio del 'caso Lezo' ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional, una década después de que se abrieran las diligencias y casi 25 años después de la operación que se encuentra bajo sospecha. El tribunal examina la compra del 75% de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, aprobada en 2001 durante el Gobierno madrileño de Alberto Ruiz-Gallardón.
La demora ya condiciona el fondo del proceso. Antes de escuchar testigos o examinar las operaciones económicas, los abogados de 19 acusados han reclamado que el juicio se anule porque consideran prescrito el delito de malversación. La Fiscalía Anticorrupción rechaza ese cálculo y sostiene que todavía puede exigirse responsabilidad penal.
Desde que el Consejo de Gobierno autorizó la compra, la Comunidad de Madrid ha tenido otros cinco presidentes: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso. El primer juicio por aquella adquisición ha llegado cuando todos los responsables políticos de esa etapa llevan décadas alejados de sus cargos.
El escrito de acusación llegó a incluir a 22 personas. Entre quienes afrontan la vista figuran los exconsejeros de Gallardón Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, antiguos miembros del Consejo de Administración del Canal, además del exgerente de la empresa pública y expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña Arturo Canalda, varios técnicos, gestores e intermediarios relacionados con la operación. Todos conservan la presunción de inocencia.
Una compra indirecta y hasta 29 millones de sobreprecio
El Canal de Isabel II inició en 2001 su expansión por América Latina mediante la adquisición de Inassa. La operación se articuló a través de Canal Extensia, participada por la empresa pública madrileña y la valenciana Tecvasa, y de la sociedad panameña Aguas de América, que poseía las acciones de la compañía colombiana.
Aunque la autorización se concedió para comprar directamente el 75% de Inassa, el Canal terminó adquiriendo la sociedad panameña que controlaba esa participación y otros activos que tampoco habían sido valorados inicialmente. El juez instructor Manuel García-Castellón describió en 2020 una operación "plagada de ilicitudes" y ejecutada de manera distinta a la aprobada.
La compra se cerró por 73 millones de dólares. Anticorrupción calcula que se pagó un sobreprecio indebido de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a las arcas públicas y sin una justificación que beneficiara al Canal. La Fiscalía sostiene que al menos 9,1 millones terminaron en manos de cinco acusados vinculados a Aguas de Barcelona y copropietarios de la sociedad panameña. El destino final del resto continúa sin estar aclarado.
El Ministerio Público pide penas de entre seis y siete años de prisión por malversación agravada, además de inhabilitaciones y la devolución conjunta al Canal del perjuicio ocasionado. Las defensas niegan las acusaciones y reclaman que el procedimiento termine antes de entrar a valorar las pruebas.
Su argumento se apoya en el plazo de prescripción de 15 años. Los abogados sitúan la supuesta comisión del delito el 14 de noviembre de 2001, cuando el Consejo de Administración del Canal autorizó la operación. La fiscal toma como referencia el 20 de febrero de 2002, fecha fijada para cumplir las obligaciones derivadas de la compraventa. Unos meses de diferencia pueden decidir si llega a celebrarse un juicio esperado durante una década.
Las etapas de Gallardón, Aguirre e Ignacio González
La pieza que acaba de llegar al banquillo se remonta al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, que aprobó la compra de Inassa el 29 de noviembre de 2001. Las ramificaciones posteriores del 'caso Lezo' alcanzan la etapa de Esperanza Aguirre, cuando Ignacio González fue vicepresidente autonómico y presidió el Canal de Isabel II entre 2003 y 2012.
González sucedió después a Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid y gobernó hasta 2015. La operación estalló públicamente en abril de 2017 con su detención, cuando pasó alrededor de seis meses en prisión preventiva. El antiguo número dos de Aguirre todavía no ha sido juzgado, pese a convertirse hace nueve años en el principal rostro político de la macrocausa.
El juez archivó en 2019 esta primera pieza contra González, por lo que el expresidente madrileño permanece fuera del banquillo que ahora examina la compra de Inassa. Su primera vista comenzará el 13 de octubre y abordará la adjudicación y gestión del campo de golf del Canal. Anticorrupción solicita para él ocho años de prisión y 19 de inhabilitación.
La macrocausa llegó a dividirse en ocho piezas. González afrontará otros dos juicios en 2027 por la adquisición de la empresa brasileña Emissao y por el contrato del tren Móstoles-Navalcarnero, señalados para el 12 de enero y el 28 de junio. El juicio de Inassa continuará mientras tanto en sesiones de mañana y tarde hasta el próximo 8 de octubre.
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