El juicio del 'caso Kitchen' ha quedado visto para sentencia después de 37 sesiones y casi cuatro meses de declaraciones, interrogatorios y enfrentamientos entre las acusaciones y las defensas. La Audiencia Nacional deberá decidir ahora si la cúpula del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy organizó en 2013 un operativo clandestino para espiar a Luis Bárcenas y apoderarse de la documentación que todavía pudiera conservar sobre la financiación irregular del Partido Popular.
José Manuel Villarejo ha utilizado su última palabra para presentarse como víctima de los intereses que habría incomodado durante su carrera policial. "Aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado", ha afirmado el comisario jubilado ante el tribunal presidido por Teresa Palacios.
Villarejo afronta la petición más elevada de la Fiscalía Anticorrupción, que reclama 19 años de cárcel por presuntos delitos de encubrimiento, malversación, contra la intimidad y cohecho pasivo propio. El excomisario ha cerrado su intervención proclamando su confianza en la independencia judicial y asegurando que "la verdad saldrá a la luz".
El alcance del fallo irá mucho más allá de su futuro personal. Los magistrados deberán resolver si varios de los principales responsables políticos y policiales del Ministerio del Interior pusieron medios del Estado al servicio de los intereses del PP, entonces golpeado por los papeles de Bárcenas y el avance de la investigación judicial sobre la trama Gürtel.
En el banquillo se encuentran el exministro Jorge Fernández Díaz, su antiguo secretario de Estado Francisco Martínez y el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Anticorrupción pide 15 años de prisión para cada uno de ellos, la misma condena que solicita para Andrés Gómez Gordo, comisario y antiguo asesor de María Dolores de Cospedal.
Villarejo intenta rebajar el valor de sus propias pruebas
Las agendas y grabaciones incautadas al excomisario han ocupado buena parte del proceso. Villarejo ha tratado de reducir ahora el valor de unas anotaciones que durante años han permitido reconstruir reuniones, encargos y conversaciones mantenidas dentro de la cúpula policial.
"Mis anotaciones eran temporales, de uso para recordar en ese momento, porque eran tantas las cosas", ha explicado. "Ahora mismo no sabría ni siquiera explicar por qué anoté determinadas cosas", ha añadido ante los magistrados.
El comisario también ha defendido que sus grabaciones formaban parte de sus "funciones como agente de inteligencia" y carecían de una intención "aviesa". Ha lamentado el daño causado a quienes aparecieron en aquellas conversaciones, aunque ha reducido su contenido a comentarios realizados en "ambientes distendidos".
Su última palabra ha seguido la estrategia desplegada el lunes por su abogado, Antonio García Cabrera. La defensa pidió la absolución y sostuvo que el 'caso Kitchen' fue una construcción de Bárcenas y de "un grupo de periodistas", mientras describía el dispositivo como una operación legal para localizar patrimonio oculto y posibles testaferros del extesorero.
Andrés Gómez Gordo también ha negado haber participado en la "ideación o planificación" del operativo. El antiguo asesor de Cospedal sostiene que llamar "coci" a Sergio Ríos, el exchófer de Bárcenas, tampoco demuestra que conociera ninguna actuación ilegal.
Ríos ha pedido "clemencia y justicia" y ha asegurado que siempre creyó estar colaborando con agentes de la autoridad dentro de un operativo legítimo. La Fiscalía sostiene que fue captado como confidente, recibió 48.000 euros procedentes de fondos reservados y facilitó información sobre los movimientos y el entorno de la familia Bárcenas.
Anticorrupción reclama para él 12 años y cinco meses de cárcel y la nulidad de su nombramiento como policía. Ríos niega que entregara documentación o dispositivos electrónicos del extesorero y rechaza haber participado en el presunto clonado de dos teléfonos móviles y un iPad realizado en un restaurante de Madrid.
Dos versiones enfrentadas sobre la utilización del Estado
La Fiscalía describe 'Kitchen' como un operativo parapolicial criminal concebido para recuperar información comprometedora para el PP y evitar que llegara al procedimiento judicial de Gürtel. Según su relato, Fernández Díaz se encontraba en la cúspide, Francisco Martínez actuaba como enlace político y la dirección policial organizó los seguimientos y la captación del chófer.
Las defensas mantienen una explicación completamente distinta. Aseguran que la Policía investigaba el dinero que Bárcenas escondía fuera de España, sus posibles testaferros y los movimientos económicos de su familia. Admiten la existencia de un dispositivo de inteligencia, pero rechazan que su objetivo fuera proteger al PP o hacer desaparecer pruebas.
Entre los elementos examinados aparecen las agendas y los audios de Villarejo, los mensajes intercambiados entre Fernández Díaz y Francisco Martínez, los pagos realizados con fondos reservados y las vigilancias sobre el entorno de Bárcenas. El tribunal también ha escuchado versiones contradictorias sobre el copiado de sus teléfonos y el destino de la información obtenida.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de Manuel Morocho, principal investigador policial del 'caso Gürtel'. El inspector declaró que detectó una operación sobre Bárcenas y su familia que carecía de autorización judicial y relató las presiones recibidas para retirar de sus informes referencias a dirigentes del PP como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal.
Rajoy compareció como testigo y negó conocer el operativo, recibir información sobre sus avances o haber hablado con Bárcenas sobre la destrucción de documentos. Cospedal también rechazó cualquier intervención. Luis Bárcenas mantuvo que la operación buscaba las pruebas y grabaciones que todavía guardaba sobre la contabilidad opaca del partido.
La vista comenzó con diez acusados, aunque José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano quedaron fuera después de que todas las acusaciones retiraran los cargos contra ellos. La sentencia alcanzará finalmente a ocho personas, entre las que también se encuentran Marcelino Martín Blas y José Luis Olivera. La Fiscalía pide dos años y medio para el primero y no acusa al segundo, aunque otras partes personadas sí reclaman su condena.
Una sentencia que devolverá al PP a la etapa de Rajoy
El Partido Popular no se sienta en el banquillo y ningún integrante de su actual dirección está acusado en este procedimiento. El juicio afecta directamente, sin embargo, a la estructura política y policial del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy y al supuesto uso de recursos públicos para proteger al partido de una investigación por corrupción.
Una sentencia condenatoria respaldaría judicialmente la acusación de que responsables del Estado utilizaron policías y fondos reservados para obstaculizar una causa que comprometía al PP y a algunos de sus máximos dirigentes. Una absolución daría fuerza a las defensas, que llevan años presentando 'Kitchen' como un operativo de inteligencia deformado posteriormente por Bárcenas y las acusaciones.
El Congreso ya concluyó políticamente en 2021 que se utilizaron de manera ilegal efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para favorecer los intereses del Partido Popular. El pronunciamiento de la Audiencia Nacional tendrá una naturaleza diferente, porque deberá atribuir responsabilidades penales concretas a partir de las pruebas practicadas durante el juicio.
El fallo llegará además cuando Alberto Núñez Feijóo ha convertido la corrupción que rodea al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez en uno de los principales argumentos de su oposición. Una condena contra la antigua cúpula de Interior obligaría al actual PP a volver a responder por una etapa de la que intenta distanciarse, pero cuyos procedimientos judiciales continúan alcanzando a antiguos ministros y responsables policiales.
La sentencia será recurrible y todavía no existe una fecha para conocerla. Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino han renunciado este martes a utilizar su última palabra. Trece años después del operativo investigado, la siguiente respuesta llegará ya en el fallo que firme la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional.
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