La Audiencia Nacional afronta este miércoles una de las jornadas decisivas del juicio del caso Kitchen, la investigación sobre la presunta operación parapolicial diseñada para obtener documentación comprometedora que el extesorero del PP Luis Bárcenas conservaba en pleno desarrollo de las pesquisas del caso Gürtel. Tras meses de vista oral y después de escuchar a la Fiscalía y al resto de acusaciones, será ahora el turno de las defensas de los ocho acusados, que comenzarán a presentar sus informes finales ante el tribunal.
La causa se centra en unos hechos que habrían tenido lugar durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Según la tesis de la acusación, desde el Ministerio del Interior se puso en marcha un dispositivo clandestino para acceder a información sensible en poder de Bárcenas que pudiera afectar al Partido Popular y a algunos de sus dirigentes. Entre los principales procesados figuran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el comisario José Manuel Villarejo y el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino.
El juicio encara esta fase después de que, semanas atrás, la Fiscalía defendiera ante la Audiencia Nacional que existió una “operación parapolicial delictiva” financiada presuntamente con fondos reservados. El Ministerio Público sostiene que el objetivo era captar como colaborador al antiguo chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, considerado una pieza fundamental para acceder al material que buscaban los responsables de la trama.
Posteriormente, las acusaciones particulares y populares expusieron sus conclusiones definitivas. La Abogacía del Estado mantuvo su acusación contra Fernández Díaz y amplió su actuación respecto al comisario José Luis Olivera al considerar que el supuesto uso irregular de fondos públicos pudo ocasionar un perjuicio económico al Estado. Por su parte, la familia Bárcenas reclamó penas que alcanzan los 17 años y medio de prisión para varios de los principales acusados, entre ellos el exministro y Villarejo, mientras que para Sergio Ríos solicitó una condena de 11 años y medio.
También PSOE y Podemos defendieron sus respectivas acusaciones, aunque introduciendo algunas modificaciones respecto a sus escritos iniciales y rebajando parcialmente las penas solicitadas. Concluida esa fase, las defensas intentarán ahora desmontar las acusaciones antes de que el procedimiento quede visto para sentencia. Tras sus intervenciones, los procesados podrán ejercer su derecho a la última palabra en una causa que se aproxima a su desenlace judicial después de años de investigación.
Cospedal vuelve al foco
La investigación sobre María Dolores de Cospedal en el marco del juicio por el presunto espionaje de la operación Kitchen fue rechazada durante la vista oral y la exsecretaria general del PP únicamente declaró como testigo. Sin embargo, cuando el procedimiento se encuentra en su recta final y a punto de quedar visto para sentencia, la Audiencia Nacional ha dado un giro inesperado al ordenar nuevas diligencias para determinar si existen indicios delictivos relacionados con las conversaciones que mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha acordado revisar material intervenido al excomisario después de que durante meses se hubiera descartado ampliar la causa a Cospedal, pese a la existencia de grabaciones conocidas por referencias como la de "la libretita", alusiones a la contabilidad paralela atribuida a Luis Bárcenas, o expresiones como "sería mejor poderlo parar" y "matar al cabrón del cabrón", pronunciadas en conversaciones relacionadas con el entorno del extesorero del PP.
La decisión llega tras una petición formulada por la acusación popular ejercida por el PSOE y pese al criterio contrario de la Fiscalía Anticorrupción. En una resolución aclaratoria, el magistrado encomienda a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que examine el material requisado a Villarejo para determinar si existen grabaciones que contengan posibles "indicios de criminalidad" en las conversaciones mantenidas con Cospedal y con Ignacio López del Hierro, su entonces marido.
Además de las grabaciones, el juez solicita que se revisen otros elementos que pudieran resultar relevantes para la investigación, entre ellos correos electrónicos o posibles transferencias bancarias que pudieran guardar relación con los hechos.
Los audios que apuntan a Rajoy entran en escena
La resolución también incorpora a la causa unos audios difundidos por RAC1 en 2025 que hasta ahora habían quedado fuera del procedimiento judicial. En una de esas grabaciones, registrada en 2014, Cospedal conversa con Villarejo sobre documentación relacionada con Bárcenas y asegura que "a mí me ha dicho el presidente" Mariano Rajoy que habían "encontrado" material y que le habían "limpiado todo lo que tenía".
En otro de los audios difundidos por la emisora catalana, la entonces dirigente popular se interesa por la situación de Sergio Ríos, chófer del extesorero y quien actuaba como confidente en el entorno de Bárcenas. Durante la conversación, Villarejo plantea la conveniencia de incorporarlo al Cuerpo Nacional de Policía para evitar dejar "flecos" o "cadáveres" pendientes que pudieran convertirse en un problema en el futuro. Finalmente, Ríos acabaría ingresando en la Policía Nacional. La grabación también refleja que Cospedal conocía que percibía alrededor de 2.000 euros mensuales por su participación en el operativo.
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