El expresidente Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal han declarado en el juicio por el caso Kitchen, en la Audiencia Nacional, en el que se investiga la supuesta trama de espionaje parapolicial al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas con el objetivo de obtener información que afectase al partido durante las investigaciones de la Gürtel. No obstante, mientras se debería estar discutiendo sobre que los ‘populares’ han negado todas las acusaciones, lo que está centrando el debate es la actitud de la magistrada Teresa Palacios, cuya dirección del juicio se está criticando por impedir la realización de algunas de las preguntas clave.
Según fuentes judiciales consultadas por ‘ElConstitucional.es’, la situación que se está viviendo en la Audiencia Provincial, podría suponer “una limitación clara del derecho a la tutela judicial efectiva”, al impedir que los testigos “puedan desarrollar su argumento libremente sobre los hechos que se les pregunta”. Si bien reconocen que corresponde a la jueza dirigir el juicio, subrayan que “el único límite debería ser la relación de las preguntas con el objeto del procedimiento”.
En este sentido, advierten de que la magistrada estaría restringiendo la labor de la acusación, que es quien tiene la responsabilidad de “enervar la presunción de inocencia del acusado”. A su juicio, si no se permite a las acusaciones desplegar su estrategia probatoria, “de alguna forma se está defendiendo injustamente al acusado como si fuera parte”.
Las críticas apuntan especialmente a la gestión de la prueba testifical. Según relatan, “la mitad de preguntas están siendo cortadas o interrumpidas”, lo que está impidiendo que los testigos respondan a cuestiones que podrían resultar clave para el esclarecimiento de los hechos investigados. “El hecho de no dejar preguntar hace que el testigo no deba responder a cuestiones que seguro serían fundamentales para demostrar la acusación”, explican.
Por todo ello, las fuentes consultadas sostienen que “no se está permitiendo celebrar la prueba testifical con las garantías que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
