El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha defendido este martes ante la Audiencia Nacional la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. El antiguo dirigente del PP sostiene que la operación contó con informes favorables, resultó rentable y no provocó "absolutamente ningún" perjuicio a las arcas públicas ni al servicio de agua de los madrileños.
Su declaración como testigo ha ocupado una de las jornadas más relevantes del primer juicio del 'caso Lezo', abierto para esclarecer si el Canal pagó en 2001 un sobreprecio de entre 19 y 29 millones de euros por la adquisición. La empresa pública desembolsó 73 millones de dólares para hacerse con el 75% de Inassa, dentro del plan de expansión internacional impulsado durante la etapa de Gallardón.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el dinero público empleado superó ampliamente el valor real de los activos y benefició a los vendedores. La acusación sitúa la responsabilidad penal en 22 antiguos consejeros, técnicos, gestores e intermediarios, entre ellos Pedro Calvo y Juan Bravo, dos exconsejeros del Gobierno madrileño de Gallardón.
El expresidente regional comparece fuera del banquillo. Fue investigado durante la instrucción, pero el juez archivó la causa contra él. Ante el tribunal ha asegurado que conocía el propósito general de expandir el Canal, aunque ignoraba los detalles de la operación y tuvo las primeras noticias concretas pocos días antes de que llegara al Consejo de Gobierno.
Una compra de 73 millones ejecutada a través de Panamá
El Ejecutivo madrileño autorizó la creación de Canal Extensia, la adquisición del 75% de Inassa y el endeudamiento necesario para financiar la compra. La propuesta ocupó el punto 93 de los 96 incluidos en el orden del día del Consejo de Gobierno y salió adelante sin un debate detallado, según han explicado los antiguos responsables autonómicos.
La operación terminó ejecutándose de manera indirecta. Canal Extensia, participada también por la empresa privada Tecvasa, compró Sociedad de Aguas de América (SAA), una compañía radicada en Panamá que poseía el 75% de Inassa. Entre sus activos figuraba además el 51% de la sociedad dominicana Watco, dedicada a programas informáticos de gestión de cobros.
Anticorrupción considera que esta estructura se apartó de lo autorizado y permitió pagar un sobreprecio injustificado con fondos públicos. Sus conclusiones provisionales cifran ese exceso entre 19.066.500 y 29.013.109 euros, supuestamente satisfechos "en beneficio exclusivo de los vendedores". El primer juicio del 'caso Lezo' comenzó diez años después de que arrancara la investigación.
Gallardón ha reconocido que desconocía tanto la intervención de la sociedad panameña como la incorporación de Watco. Aun así, ha defendido que habría aprobado igualmente la compra porque el empleo de sociedades instrumentales resulta habitual en las operaciones mercantiles y porque todos los informes jurídicos y presupuestarios eran favorables.
El antiguo presidente madrileño también ha rechazado que correspondiera al Consejo de Gobierno fiscalizar las sociedades públicas. Esa tarea recaía, según ha expuesto, en la Cámara de Cuentas. "En ningún momento pude tener la más mínima duda", ha declarado antes de recordar que el Consejo de Administración del Canal contaba con representantes políticos, municipales y sindicales.
A preguntas de las partes, Gallardón ha insistido en que Inassa generó beneficios y que su revalorización demuestra que la compra fue "aprobada por el mercado". También ha asegurado que el Canal mantuvo un servicio "modélico" en Madrid durante toda su expansión internacional.
El exconsejero de Trabajo Luis Peral ha respaldado la versión de que la operación llegó cerrada al Consejo de Gobierno y acompañada de los informes preceptivos. Ha admitido, sin embargo, que nadie le informó de que el Canal estaba comprando una empresa panameña y que conoció ese extremo 17 años después, cuando fue citado durante la instrucción.
La documentación examinada durante el juicio muestra además que el acta del Consejo de Administración del Canal no recogió la sociedad interpuesta ni la adquisición de Watco. Su entonces secretario, Ángel Varona, ha atribuido esas ausencias al carácter sucinto del documento y ha negado haber recibido órdenes para ocultar información.
Cobo apunta al "fuego amigo" dentro del PP
El otro momento destacado de la jornada ha llegado con la declaración de Manuel Cobo, exconsejero de Presidencia y antiguo número dos de Gallardón. El testigo ha asegurado que el procedimiento nació de una "operación política" promovida años después desde las propias filas del Partido Popular.
Cobo ha señalado directamente al expresidente madrileño Ignacio González y al entonces gerente del Canal, Ildefonso de Miguel. Según su relato, ambos impulsaron varios informes de la consultora Cuatrecasas cuya valoración sobre la compra fue empeorando progresivamente. En una de las copias aparecieron indicaciones destinadas a presentar la operación como "muy negativa", ha asegurado.
También ha recordado una conversación grabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre González y el exministro Eduardo Zaplana. "Menudo pelotazo dio Gallardón", afirmaron durante aquel diálogo. Cobo cree que los dos sabían que estaban siendo grabados y ha acusado a González de intentar "difamar" a un compañero de partido. Sus afirmaciones forman parte de su declaración como testigo y deberán ser valoradas por el tribunal.
Ignacio González quedó fuera de esta pieza porque todavía no presidía el Canal cuando se cerró la compra de Inassa. Sí está acusado en otras ramas del 'caso Lezo' relacionadas con el campo de golf del Canal, la adquisición de la brasileña Emissao y una presunta mordida de 1,8 millones vinculada al tren de Navalcarnero.
La Fiscalía solicita para Pedro Calvo y Juan Bravo siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por presuntos delitos de malversación y prevaricación. Para los otros 20 acusados reclama entre seis y siete años de cárcel. También exige que los 22 procesados devuelvan solidariamente al Canal más de 19 millones de euros si el tribunal considera probado el sobreprecio.
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