El antiguo consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, ha ratificado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que la aerolínea destinó el 1% de los 53 millones de euros recibidos durante la pandemia a pagar unas supuestas gestiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La cantidad acordada ascendía a 530.000 euros.
Roselli, investigado en el 'caso Plus Ultra', ha mantenido durante un interrogatorio de casi tres horas la versión que ya trasladó por escrito al juzgado en julio. Según su relato, el dinero fue entregado a empresas vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, socio y persona cercana a Zapatero, porque la dirección de la compañía daba por hecho que detrás de aquellas gestiones se encontraba el antiguo líder socialista.
El exdirectivo ha reconocido, sin embargo, que nunca habló personalmente con Zapatero y desconoce qué actuaciones concretas pudo realizar el expresidente ante el Gobierno o la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Tampoco le consta que se produjeran contactos con funcionarios o responsables públicos para favorecer la concesión del rescate.
Su declaración se apoya, por tanto, en la interpretación que hizo entonces la cúpula de Plus Ultra. Roselli ha explicado que la compañía consideraba aquella cantidad una comisión condicionada al éxito de la operación y que asumió el pago en plena búsqueda de liquidez. Los responsables de la aerolínea utilizaron internamente la expresión "grupo Zapatero" para referirse al círculo que atribuían al expresidente.
Informes "irrelevantes" para justificar 530.000 euros
Una de las partes más comprometedoras de la declaración afecta a los trabajos utilizados para respaldar los pagos. Roselli ha asegurado que los informes elaborados por las empresas de Martínez Martínez eran "irrelevantes", que en muchas ocasiones nadie los leía y que servían para justificar unas cantidades destinadas realmente a lograr la ayuda pública.
Los antiguos responsables de Plus Ultra ya reconocieron en su escrito que llegaron a emitir unas 40 facturas, con importes comprendidos entre 6.050 y 7.250 euros, bajo el concepto "Honorarios mensuales. Elaboración de informe". La documentación entregada a la compañía habría sido escasa y carente de utilidad para su actividad, según la versión defendida ahora ante el instructor.
El pago se repartió entre distintas sociedades vinculadas a Martínez Martínez. Plus Ultra abonó 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617 euros a Voli Analítica y 110.799 euros a Domotic Europe. También computó otros 69.000 euros correspondientes a billetes de clase 'business' facilitados desde 2021. La compañía pretendía terminar de regularizar las cuentas cuando la operación policial interrumpió el proceso.
La defensa de los exdirectivos llegó a describir el desembolso como una "mordida", expresión recogida en una conversación intervenida por la Policía entre Roselli y el empresario venezolano Rodolfo Reyes. El antiguo consejero delegado ha enmarcado esa palabra en una conversación informal, aunque mantiene que los pagos se asumieron por las expectativas creadas alrededor de la supuesta intervención de Zapatero.
Roselli también ha declarado que Plus Ultra recibió información sobre la concesión del rescate antes de que se comunicara oficialmente. Según su versión, Julio Martínez Martínez avisó el 26 de febrero de 2021 de que la decisión estaba tomada. La aerolínea conoció el respaldo formal de la SEPI el 2 de marzo y el Consejo de Ministros autorizó la operación una semana después, el 9 de marzo.
El exdirectivo ha interpretado aquel aviso como una señal de que el entorno de Zapatero manejaba información privilegiada. La investigación tendrá que determinar de dónde procedía realmente ese conocimiento, quién transmitió la decisión y si se produjo alguna intervención irregular durante la tramitación administrativa.
La declaración coincide en sus aspectos principales con la ofrecida este lunes por Julio Martínez Sola, fundador y expresidente de Plus Ultra. Martínez Sola sostuvo que mantuvo una conversación telefónica de unos diez minutos con Zapatero el 30 de abril de 2020, cuando la paralización del tráfico aéreo había dejado a la compañía en una situación crítica.
Según el exresponsable de la aerolínea, Zapatero le indicó que podía ayudarle y le remitió a una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez. A partir de aquel momento se firmaron los contratos de asesoramiento. Martínez Sola tampoco fue capaz de concretar qué gestiones realizó el expresidente, con quién habló o cómo pudo influir en la obtención de los 53 millones.
Su testimonio supone además un cambio respecto a la versión que defendió meses atrás en el Senado, donde aseguró que el rescate respondió a "un proceso reglado con controles, informes y condiciones muy estrictas" y negó cualquier trato de favor. Ante Calama ha reconocido ahora que pagaban "ante la duda" y que asumieron el coste como una inversión para salvar la compañía.
El rastro del rescate llega a paraísos fiscales
Buena parte del interrogatorio a Roselli se ha centrado en el destino posterior del dinero público y en los créditos puente que permitieron a Plus Ultra mantenerse operativa hasta recibir la ayuda. El exdirector financiero ha situado el origen de aquella financiación en Rodolfo Reyes, antiguo máximo accionista de la aerolínea y actualmente reclamado mediante una orden internacional de detención.
Los investigadores examinan si parte del rescate se empleó para devolver préstamos procedentes de estructuras empresariales opacas. Roselli ha admitido que la compañía transfirió dinero a cuentas bancarias situadas en territorios considerados paraísos fiscales y que esa circunstancia no fue comunicada expresamente a la SEPI.
También ha señalado que el organismo público encargado de supervisar el préstamo nunca preguntó por los bancos receptores. El exdirectivo se ha ofrecido a entregar las actas y los correos de las reuniones de seguimiento mantenidas con la SEPI, documentación que permitirá comprobar qué información recibió la sociedad estatal sobre la situación financiera y los movimientos internacionales de Plus Ultra.
La aerolínea mantiene que cumplió los requisitos exigidos para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y rechaza ser una sociedad pantalla. Sus antiguos responsables atribuyen las irregularidades admitidas a la situación desesperada que atravesaba la compañía durante la pandemia y defienden que Plus Ultra conservaba empleados, pagaba impuestos y desarrollaba una actividad aérea real.
Calama investiga a Zapatero como presunto dirigente de una red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. El procedimiento analiza el movimiento de alrededor de 1,95 millones de euros mediante sociedades, contratos y canales financieros que la investigación considera sospechosos. En otra parte de las diligencias se examina el origen y la tributación de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros encontradas en una caja fuerte de su despacho.
El expresidente del Gobierno ha negado cualquier intervención en el rescate, rechaza haber cobrado una comisión y sostiene que los pagos que recibió de Análisis Relevante remuneraban trabajos reales de consultoría. También niega la conversación telefónica relatada por Martínez Sola y mantiene su inocencia en el conjunto del procedimiento.
Las dos declaraciones celebradas esta semana ofrecen al juez versiones coincidentes sobre el pago del 1% y el papel atribuido dentro de Plus Ultra al 'grupo Zapatero'. El testimonio de ambos directivos deja todavía pendiente la pieza central de esa acusación, la identificación de las gestiones concretas que habría realizado el expresidente para que la aerolínea recibiera los 53 millones de euros.
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