El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha desestimado este lunes otro de los recursos presentados por José Luis Rodríguez Zapatero contra la investigación de sus cuentas bancarias y las de su entorno. La decisión permite a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) continuar recabando información sobre los productos financieros del expresidente, sus hijas Alba y Laura y su secretaria, Gertrudis Alcázar.
Todos ellos figuran como investigados en la causa abierta por las presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia. Calama trata de aclarar si Zapatero encabezó una supuesta red de tráfico de influencias que habría intervenido en la tramitación de las ayudas públicas.
La defensa había pedido limitar la autorización al considerar que podía vulnerar el derecho a la intimidad y a la tutela judicial efectiva. También reclamó acotar el periodo analizado, restringir el acceso a las comunicaciones con las entidades financieras y reforzar el control sobre la información que pudiera seleccionar la Policía.
Calama descarta una investigación bancaria sin límites
El magistrado sostiene que la UDEF únicamente podrá solicitar datos complementarios o aclaratorios sobre los productos bancarios ya identificados. La autorización queda limitada a los hechos investigados y, según recoge el auto, "excluye cualquier indagación prospectiva o desvinculada" de la causa.
Calama considera proporcionado el periodo examinado y entiende que las comunicaciones mantenidas con los bancos pueden resultar necesarias para reconstruir la operativa financiera. La información seguirá incorporándose a una pieza reservada para proteger los datos íntimos y trasladar al procedimiento principal únicamente aquellos que tengan interés para la investigación.
El instructor aprecia además una "contradicción" en la posición de Zapatero, ya que durante su declaración expresó con "apreciable contundencia" una autorización amplia para que fueran examinadas sus cuentas y posteriormente recurrió el alcance de las pesquisas.
El pago del 1% que marca la jornada
La resolución se ha conocido horas después de la declaración de Julio Martínez Sola, expresidente y principal accionista de Plus Ultra. El empresario ha reconocido ante Calama que la compañía abonó 530.000 euros, el equivalente al 1% del rescate, por una supuesta mediación atribuida al llamado 'Grupo Zapatero'.
Según su versión, el acuerdo se alcanzó con el empresario Julio Martínez Martínez, que habría contactado con la aerolínea después de una llamada del propio Zapatero. Martínez Sola ha admitido que desconocía qué gestiones concretas se habían realizado para conseguir las ayudas y ha explicado que la compañía pagó porque entendió que existía una intermediación. "Ante la duda, yo pagaba", ha declarado ante el juez.
Zapatero ha negado tanto esa llamada como cualquier intervención o influencia en la concesión del rescate. También ha defendido la legalidad de sus trabajos profesionales. Las afirmaciones de Martínez Sola forman parte de una declaración judicial y deberán ser contrastadas con la documentación bancaria, los informes policiales y el resto de testimonios.
La ronda de comparecencias continuará este martes con el exconsejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli, llamado a aportar nuevos detalles sobre las cuentas y los pagos investigados.
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