José Luis Rodríguez Zapatero acepta que la UDEF revise sus cuentas, pero quiere que sea el juez quien decida hasta dónde puede llegar la Policía. El expresidente del Gobierno ha presentado un nuevo recurso para impedir que los investigadores amplíen por su cuenta la información bancaria solicitada dentro del "caso Plus Ultra".
La defensa se dirige contra una frase concreta del auto firmado por José Luis Calama. El magistrado permitió a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal "ampliar la información que se considere pertinente" sobre los productos bancarios examinados, una autorización que el abogado de Zapatero considera demasiado abierta para una diligencia que afecta a derechos fundamentales.
El recurso pide eliminar ese permiso y obliga a la UDEF a acudir de nuevo al instructor cuando necesite más documentación. Cada ampliación tendría que recibir una autorización judicial previa, aunque los agentes conservarían la posibilidad de solicitar todas las diligencias adicionales que consideren necesarias para avanzar en la investigación.
La defensa exige control judicial previo
La defensa del expresidente ha reclamado también la suspensión cautelar de la autorización concedida a la UDEF y de los requerimientos remitidos a los bancos hasta que Calama resuelva el recurso. Su objetivo inmediato pasa por impedir que la Policía reciba y analice toda la documentación mientras continúa abierta la discusión sobre sus límites.
Zapatero cuestiona además que la orden alcance a las "comunicaciones internas" de las entidades financieras y a sus intercambios con los clientes. Su abogado sostiene que ese material puede contener conversaciones privadas, datos de terceras personas y asuntos completamente ajenos al procedimiento.
El otro frente está en las fechas. Calama pidió información desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad, mientras la defensa considera que los movimientos que pretende comprobar la UDEF llegan como máximo hasta diciembre de 2025. El recurso reclama que ese mes se convierta en el límite final de la diligencia.
La diferencia supone varios meses más de actividad bancaria para todas las personas y empresas afectadas. Según el escrito, la orden permitirá obtener "una fotografía financiera completa" de seis años y medio de la vida de seis personas físicas y trece mercantiles, incluidas las dos hijas de Zapatero, su secretaria y otra persona ajena al procedimiento.
El expresidente vuelve a advertir también del riesgo de filtraciones. Su defensa recuerda la publicación de las agendas y comunicaciones personales incorporadas anteriormente a la causa y considera que la nueva documentación bancaria puede exponer datos íntimos sin relación con los hechos investigados.
Calama acordó guardar toda la información en una pieza reservada y depurar posteriormente los datos irrelevantes. Zapatero comparte esa cautela, aunque rechaza que el expurgo quede únicamente en manos de la misma unidad policial que sostiene la hipótesis acusatoria.
Su abogado pide que el letrado de la Administración de Justicia dirija esa selección bajo la supervisión del juez. También reclama que los informes de la UDEF incluyan los movimientos que puedan respaldar a los investigados y no solamente aquellos que encajen con la tesis policial.
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Más de 60 cuentas bajo la lupa
El auto recurrido amplió considerablemente el rastreo económico del "caso Plus Ultra". Como publicó 'ElConstitucional.es', Calama autorizó el acceso a más de 60 cuentas bancarias relacionadas con Zapatero, su familia, Julio Martínez Martínez y varias sociedades examinadas por la Audiencia Nacional.
La orden alcanza a seis cuentas del expresidente, nueve de sus hijas, siete de su secretaria, dos de Julio Martínez y otras 33 pertenecientes a empresas. Una docena de entidades financieras deberá facilitar documentos de apertura, titulares, autorizados, extractos, transferencias, inversiones, cajas de seguridad y otros productos vinculados a esas posiciones.
La UDEF pretende utilizar esa documentación para comprobar varios movimientos detectados previamente mediante información fiscal. Los investigadores sospechan que sociedades relacionadas con Julio Martínez pudieron canalizar pagos hacia Zapatero y la empresa de sus hijas, una hipótesis que sigue pendiente de contraste durante la instrucción.
Entre los movimientos analizados figuran los 490.780 euros abonados al expresidente por Análisis Relevante entre 2020 y 2025 y los 447.095 euros transferidos por Whathefav a las cuentas personales de Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Zapatero sostiene que sus ingresos proceden de trabajos de consultoría, conferencias y asesoramiento debidamente facturados, mientras sus hijas defienden la actividad real de su agencia de comunicación.
La defensa utiliza precisamente ese argumento para aceptar la comprobación bancaria. Considera que los movimientos completos pueden desvanecer la tesis policial sobre la supuesta canalización de pagos, siempre que la diligencia quede vinculada a los hechos concretos de la causa y no se extienda al conjunto de la vida económica de los investigados.
La investigación examina la presunta intervención de Zapatero en las gestiones que precedieron al préstamo público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. El expresidente niega haber hablado con el Gobierno o la SEPI para favorecer a la aerolínea y mantiene su "inocencia absoluta".
Calama deberá resolver ahora si mantiene íntegramente su autorización, limita el periodo investigado o exige a la UDEF que solicite permiso antes de recabar nueva información. Hasta que el juez se pronuncie sobre la suspensión cautelar, la orden de rastrear las cuentas continúa en vigor.
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