El Gobierno llega a este jueves manteniendo su respaldo público a José Luis Rodríguez Zapatero, aunque la investigación de la Audiencia Nacional ha dado un nuevo paso sobre las cuentas del expresidente y su entorno. El juez José Luis Calama ha autorizado a la UDEF a reclamar a una docena de bancos información sobre 57 productos financieros relacionados con los investigados en el 'caso Plus Ultra'.
La diligencia afecta a seis cuentas de Zapatero, nueve de sus hijas, siete de su secretaria, dos del empresario Julio Martínez Martínez y otras 33 pertenecientes a diferentes sociedades. La Policía quiere contrastar los movimientos obtenidos hasta ahora mediante información tributaria e inteligencia financiera y aclarar varias operaciones que considera insuficientemente explicadas.
La nueva decisión judicial llega apenas un día después de que Pedro Sánchez reiterara su respaldo al expresidente durante su comparecencia de balance político en La Moncloa. El jefe del Ejecutivo defendió su presunción de inocencia, pero rebajó visiblemente el tono utilizado durante las primeras semanas de la investigación.
"Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero", respondió Sánchez cuando fue preguntado por las explicaciones ofrecidas sobre las joyas halladas en el despacho del antiguo dirigente socialista. El presidente mantuvo el apoyo del Gobierno y del PSOE, aunque recordó que corresponde al propio Zapatero responder ante el juez y aclarar públicamente sus actividades privadas.
La UDEF reconstruye los movimientos del dinero
La autorización concedida por Calama permitirá a los investigadores acceder directamente a la documentación bancaria y comprobar la identidad de los titulares, los movimientos, las transferencias y el destino de los fondos. La apertura de esta diligencia busca verificar los datos policiales y despejar las sospechas existentes, sin representar todavía una conclusión sobre el origen ilícito del dinero.
El informe de la UDEF recoge que Zapatero recibió entre 2020 y 2025 un total de 490.780 euros de Análisis Relevante, la consultora administrada por su amigo Julio Martínez y situada en el centro de las pesquisas. También contabiliza 174 transferencias por un importe conjunto de 2,6 millones de euros que habrían remunerado conferencias, asesoramiento, mediaciones y otros servicios profesionales del expresidente.
La Policía ha puesto bajo sospecha concreta 200.000 euros abonados por la empresa peruana Foscul Social Research. Los investigadores vinculan ese pago con una posible intermediación de Zapatero ante las autoridades de Bolivia en favor de los intereses de la compañía, aunque la defensa sostiene que todas las cantidades responden a trabajos reales, facturados y declarados.
Las comprobaciones alcanzarán además a una vivienda comprada por Zapatero en Madrid en febrero de 2024 por 580.000 euros. La adquisición se financió mediante una hipoteca de medio millón que fue cancelada once meses después con una transferencia de 498.000 euros ordenada por su esposa, Sonsoles Espinosa. El expresidente explicó que el dinero procedía de la venta de otra propiedad familiar situada en Aravaca.
La UDEF también quiere examinar la compra de una vivienda por parte de su secretaria, Gertrudis Alcázar, en Velilla de San Antonio. El inmueble costó 132.055 euros y se pagó entre 2021 y 2023 sin recurrir a una hipoteca. Los agentes reconocen que hasta ahora no han detectado fondos procedentes de las sociedades investigadas, aunque consideran necesario comprobar su patrimonio por el papel que atribuyen a la colaboradora dentro de la gestión documental de la oficina de Zapatero.
Sánchez respalda al expresidente y se aparta de sus explicaciones
El Gobierno ha mantenido desde el inicio dos argumentos diferenciados. Por una parte, defiende la presunción de inocencia de Zapatero. Por otra, sostiene que la concesión de 53 millones de euros a Plus Ultra siguió todos los controles administrativos y jurídicos exigidos.
La portavoz Elma Saiz aseguró la semana pasada que el Ejecutivo continuaba creyendo en la inocencia del expresidente. Recordó que el préstamo fue tramitado por los servicios técnicos de la SEPI y posteriormente examinado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el Tribunal de Cuentas y las instituciones europeas.
Sánchez mantuvo este martes esa defensa sobre la actuación del Ejecutivo. Calificó de "absolutamente intachable" la legalidad del préstamo y aseguró que afronta "con absoluta tranquilidad" cualquier investigación sobre las decisiones adoptadas durante la pandemia. Su posición fue bastante más contenida al referirse a los negocios privados, las joyas y las explicaciones personales de Zapatero.
El presidente recordó que la instrucción se encuentra en una fase inicial y evitó pronunciarse sobre las versiones enfrentadas de los investigados. Julio Martínez declaró ante Calama que Zapatero intervino en las gestiones para conseguir la ayuda a Plus Ultra, conocía los avances del procedimiento y le comunicó anticipadamente que la financiación sería aprobada.
Martínez admitió además la existencia de una comisión cercana al 1% del préstamo, unos 530.000 euros, pactada entre la aerolínea y una sociedad vinculada a él. Su declaración tampoco identificó al cargo del Gobierno o de la SEPI ante el que Zapatero habría ejercido esa supuesta influencia, uno de los principales interrogantes que siguen abiertos.
Zapatero niega cualquier intervención ante el Gobierno
El expresidente rechazó esas acusaciones durante su entrevista en 'Mañaneros 360' de TVE. "No es que no influyera, es que no hablé con nadie", afirmó al negar cualquier conversación con miembros del Gobierno, responsables de la SEPI o altos cargos relacionados con la concesión del préstamo.
Zapatero también defendió los trabajos realizados para Análisis Relevante y aseguró que puede acreditar sus conferencias, informes y actividades de asesoramiento. Su versión presenta a Julio Martínez como un cliente y colaborador con el que mantenía una relación profesional, lejos del papel de subordinado que el empresario se atribuye ahora ante el juez.
La causa investiga igualmente los pagos de Análisis Relevante a Whathefav, la empresa administrada por las hijas del expresidente. Zapatero sostiene que la sociedad realizó labores de diseño y comunicación, mientras Julio Martínez declaró que algunos abonos continuaron cuando esos trabajos ya habían terminado.
La UDEF podrá reclamar ahora la documentación completa a las entidades financieras y reconstruir el recorrido del dinero entre las personas y sociedades investigadas. El resultado de ese análisis determinará si las explicaciones ofrecidas hasta ahora coinciden con los movimientos bancarios reales.
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