El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado el intento de José Luis Rodríguez Zapatero de apartar del caso Plus Ultra el informe policial que analiza tres transferencias por un total de 200.000 euros recibidas desde la consultora peruana Focus Social Research. La resolución mantiene abierta esta línea de investigación y respalda la actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía.
La defensa del expresidente sostenía que la UDEF había sobrepasado los límites de la causa al estudiar una relación profesional que no figuraba entre los hechos iniciales de la instrucción. También denunciaba que las pesquisas permitían revisar de manera indiscriminada toda su actividad privada y profesional.
Calama rechaza ambas objeciones. En el auto dictado este miércoles afirma que "no se ha producido intromisión ilegítima en la intimidad" y que "no hay rastro de una investigación general" sobre la vida de Zapatero. Las transferencias, según explica, aparecieron al analizar documentación obtenida con autorización judicial dentro de unas diligencias que ya estaban abiertas.
El magistrado mantiene así dentro del procedimiento el informe de la UDEF y considera que su contenido presenta relevancia suficiente para determinar si los pagos respondieron a trabajos legítimos de asesoramiento o estuvieron vinculados a gestiones de influencia ante las autoridades de Bolivia.
La resolución no declara probado que los 200.000 euros fueran una comisión ni da por acreditado ningún delito. El juez concluye únicamente que existen datos que deben investigarse y que la instrucción no puede ignorarlos porque no estuvieran previstos cuando comenzó la causa.
El juez rechaza que exista una causa general
El escrito presentado por la defensa de Zapatero reclamaba que el informe policial fuera retirado y devuelto a la UDEF. Sus abogados alegaban que Focus Social Research no aparecía entre las sociedades inicialmente relacionadas con el caso Plus Ultra y que el análisis de esos pagos suponía abrir una investigación sin límites claros.
Zapatero mantiene que las transferencias proceden de una actividad profesional legal relacionada con asesoramiento, conferencias, mediación internacional y tareas académicas. Su defensa también cuestiona que la Policía construya una tesis sobre una supuesta organización criminal liderada por el expresidente sin que exista una resolución judicial que haya confirmado esa hipótesis.
Calama sostiene que ese razonamiento parte de una idea equivocada sobre el funcionamiento de una instrucción penal. El juez recuerda que una causa puede avanzar cuando las diligencias ya autorizadas permiten descubrir hechos nuevos con posible relevancia delictiva.
"El perímetro de la investigación no es un espacio cerrado ni estático", señala la resolución. Para el magistrado, convertir el primer auto de imputación en una barrera que impida examinar cualquier indicio posterior supondría negar la finalidad misma de la investigación judicial.
El instructor diferencia además esta situación de una investigación prospectiva, que consiste en abrir una causa contra una persona sin indicios concretos para revisar toda su conducta y comprobar si aparece algún delito. A su juicio, eso no ha sucedido aquí.
La investigación ya estaba abierta sobre hechos determinados y fue el examen de documentación incorporada legalmente al procedimiento el que permitió detectar los movimientos económicos. Por tanto, la UDEF no habría iniciado por su cuenta una fiscalización general de los negocios de Zapatero.
"No se ha practicado ninguna diligencia no autorizada", remarca Calama. Los agentes se limitaron, según el auto, a examinar un flujo de dinero cuya cuantía, procedencia y contexto pueden ayudar a determinar si existieron contraprestaciones ilícitas, influencias indebidas o retornos económicos relacionados con las operaciones investigadas.
El contrato con Focus y las gestiones ante Bolivia
La nueva línea de la causa gira alrededor del contrato que Zapatero firmó en mayo de 2024 con Focus Social Research, una sociedad peruana dedicada formalmente a estudios de mercado, comunicación y consultoría empresarial.
El acuerdo contemplaba una remuneración anual de 200.000 euros, además de dietas y gastos de desplazamiento. Los investigadores localizaron una primera transferencia de 100.000 euros en julio de 2024 y otras dos de 50.000 euros cada una en junio de 2025.
La UDEF sostiene que Focus habría actuado como sociedad interpuesta y que los verdaderos intereses detrás del encargo corresponderían al Grupo Gloria y a su filial cementera SOBOCE, que mantenía litigios económicos de gran cuantía con la Administración boliviana.
Los agentes investigan distintas reuniones y comunicaciones mantenidas antes y después de la firma del contrato. Entre ellas figuran encuentros de Zapatero con representantes empresariales y autoridades de Bolivia, incluido el entonces presidente Luis Arce.
Según la tesis policial, el expresidente habría intervenido para favorecer los intereses del grupo peruano en un conflicto relacionado con una resolución que obligaba a SOBOCE a pagar alrededor de 107 millones de dólares a la cementera pública FANCESA.
El 30 de mayo de 2025, un tribunal boliviano estimó un amparo solicitado por SOBOCE y dejó temporalmente sin efecto aquella obligación. Semanas después fueron ordenadas las dos últimas transferencias a Zapatero por 50.000 euros cada una.
La Policía considera que esa secuencia permite investigar una posible relación entre las gestiones realizadas, el desenlace judicial y los pagos. También sostiene que en la documentación analizada apenas constan trabajos de asesoramiento prestados directamente a Focus, más allá de la firma del contrato y la emisión de las facturas.
La defensa rechaza esta interpretación y afirma que Zapatero desarrolló una labor profesional real y declarada. El juez no resuelve todavía esa disputa, aunque sostiene que la explicación ofrecida debe comprobarse durante la instrucción.
Que el expresidente participe habitualmente en conferencias o reciba remuneraciones por consultoría no impide analizar la naturaleza concreta de determinados ingresos, razona Calama. La investigación deberá aclarar qué servicios fueron contratados, quién se benefició de ellos y si los pagos guardaron alguna relación con las actuaciones realizadas en Bolivia.
El informe seguirá en el caso Plus Ultra
La investigación principal estudia una supuesta red de tráfico de influencias alrededor de distintas operaciones económicas, entre ellas el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Zapatero figura como investigado por su presunto papel en esa estructura, una imputación que rechaza.
El auto conocido este miércoles consolida la vía relacionada con el Grupo Gloria y permite a la UDEF continuar examinando las transferencias y las gestiones atribuidas al expresidente. La defensa puede recurrir la decisión mediante un recurso de reforma ante el propio juez y, posteriormente, en apelación.
En paralelo, la Agencia Tributaria ha corregido un error en un documento remitido al juzgado sobre la inspección fiscal abierta a Zapatero y su entorno. Hacienda había situado por equivocación el periodo investigado entre 2002 y 2024, cuando las fechas correctas son 2022 y 2024.
La inspección tributaria afecta al expresidente, a miembros de su familia y a distintas sociedades vinculadas a su actividad económica. La Agencia Tributaria ha pedido suspender temporalmente sus actuaciones para evitar interferencias con la investigación penal y facilitar que la Audiencia Nacional pueda acceder primero a la documentación intervenida.
Calama todavía debe resolver esa petición. Mientras tanto, el informe sobre los 200.000 euros permanecerá incorporado al procedimiento y la Policía podrá seguir profundizando en el contrato con Focus Social Research, las gestiones realizadas ante las autoridades bolivianas y el destino de los pagos recibidos por Zapatero.
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