José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un nuevo paso en la Audiencia Nacional y en Hacienda para intentar frenar la inspección fiscal abierta contra él y su entorno familiar. La defensa del expresidente ha pedido a la Agencia Tributaria que declare nulas las actuaciones inspectoras o que, al menos, las suspenda mientras siga en marcha la causa penal que dirige el juez José Luis Calama.
El movimiento llega apenas unos días después de que Hacienda comunicara al magistrado que mantiene abiertas actuaciones de comprobación sobre Zapatero, su esposa Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la empresa Whathefav y el empresario Julio Martínez Martínez, conocido como ‘Julito’. La propia Agencia Tributaria trasladó al juez que esas pesquisas podían coincidir con los hechos investigados en la Audiencia Nacional.
La defensa de Zapatero aprovecha ahora esa coincidencia para pedir que se corte la vía administrativa. En su escrito sostiene que la inspección se abrió cuando Hacienda ya conocía la existencia del procedimiento penal y que mantener los dos caminos abiertos puede dañar el derecho de defensa del expresidente. La tesis es clara: si hay hechos parcialmente coincidentes, la causa penal debe marcar el ritmo.
El abogado José María Ayala de la Torre eleva además el tono contra la actuación de la AEAT. Afirma que la Agencia Tributaria inició el procedimiento de forma “unilateral y caprichosamente” y que sus requerimientos podrían servir “para construir o reforzar la imputación penal”. La defensa entiende que Zapatero quedaría en una posición complicada: colaborar con Hacienda podría acabar utilizándose en la causa judicial, pero negarse a hacerlo también podría acarrearle reproches administrativos.
La inspección que Hacienda pidió parar
La Agencia Tributaria había informado a Calama de inspecciones con alcance general sobre varios impuestos. En el caso de Zapatero, las actuaciones afectan al IRPF de 2021 a 2024, al IVA de varios ejercicios y al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. En el caso de Sonsoles Espinosa, la revisión alcanza IRPF, Patrimonio y Grandes Fortunas.
Hacienda también revisa el IRPF de las hijas del expresidente y los impuestos de Whathefav, la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa que ya aparece en la causa penal. El foco se extiende además a Julio Martínez y a varias sociedades vinculadas a su entorno empresarial, bajo la lupa de la Audiencia Nacional por los pagos y relaciones que rodean el rescate público de Plus Ultra.
La clave procesal está en la prejudicialidad penal. Hacienda puede abrir actuaciones inspectoras, pero si los mismos hechos están siendo investigados por un juez, la vía penal tiene preferencia. Por eso la AEAT pidió a Calama que valorara la suspensión de las inspecciones para evitar duplicidades y para que no corran los plazos de prescripción mientras avanza la investigación judicial.
Zapatero va un paso más allá y reclama que Hacienda no espere. Su defensa pide a la AEAT que suspenda de inmediato los requerimientos de documentación y consentimiento bancario, y que deje sin efecto las comunicaciones de inicio de la inspección. El expresidente ha informado también al juez de esa petición para que la incorpore a la causa.
Las joyas incautadas y el frente Plus Ultra
El nuevo escrito aterriza en una investigación que ya tiene varios frentes abiertos. Calama investiga el papel de Zapatero y de su entorno en el caso Plus Ultra, centrado en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia con cargo al fondo público de apoyo a empresas estratégicas.
A esa pieza se suma el hallazgo de joyas en una caja fuerte del despacho del expresidente durante el registro practicado por la UDEF. Una tasación preliminar elevó su valor a 1,3 millones de euros. El juez abrió una pieza separada al apreciar posibles delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando, y Hacienda ya se ha personado a través de la Abogacía del Estado como posible perjudicada.
Zapatero no explicó el origen de esas joyas en su declaración ante Calama. Su defensa pidió tiempo para preparar documentación y el expresidente guardó silencio sobre ese punto concreto. Desde entonces, la presión política ha ido creciendo, con el PP usando el Senado para intensificar la ofensiva y con el Gobierno apelando a la presunción de inocencia y al derecho de defensa.
La Fiscalía tiene ahora que pronunciarse sobre la suspensión de las inspecciones. Calama decidirá con ese informe encima de la mesa.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
