El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha atendido la queja de José Luis Rodríguez Zapatero por la filtración de sus agendas de 2024 y 2025 y de conversaciones de WhatsApp con su secretaria, Gertrudis Alcázar. El magistrado ha ordenado a la UDEF que, en adelante, no incorpore a sus informes información “innecesaria o irrelevante” para el objeto del procedimiento.
La decisión llega dentro del caso Plus Ultra, donde Calama investiga al expresidente por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La defensa de Zapatero había reclamado medidas después de que se difundiera documentación personal incluida en un informe policial, entre ella agendas completas y un volcado de más de mil páginas de mensajes.
El juez no aparta a la UDEF de la investigación ni cuestiona el fondo de las pesquisas. Lo que hace es marcar un límite sobre el material que puede acompañar a los oficios policiales. Los anexos deberán ceñirse a los hechos investigados y evitar datos personales ajenos a la causa.
El choque por los anexos policiales
La resolución responde al escrito presentado por la representación de Zapatero el pasado 25 de junio. La defensa denunció una difusión masiva de datos personales y pidió que la investigación no se alimentara de información sin conexión directa con los hechos delimitados en la causa.
Calama recoge ahora esa preocupación y ordena librar mandamiento a la UDEF para que sus anexos respeten los principios de necesidad y proporcionalidad. En términos prácticos, la Policía deberá filtrar mejor qué incorpora a la causa y justificar que ese material tiene relación con la investigación abierta.
El debate no es menor. Las agendas y mensajes publicados han tenido recorrido político y mediático, pero parte de esa documentación contiene citas, conversaciones y datos de carácter personal. La defensa del expresidente sostiene que esa exposición afecta a derechos fundamentales y que no todo lo intervenido puede circular como si tuviera valor penal.
Una causa con varias derivadas abiertas
El procedimiento principal investiga si existió una trama de influencia alrededor del rescate público de Plus Ultra, aerolínea que recibió 53 millones de euros del fondo estatal de apoyo a empresas estratégicas durante la pandemia. La UDEF trabaja sobre reuniones, mensajes, sociedades y pagos que, según los investigadores, podrían apuntar a una red organizada en torno al entorno de Zapatero.
La causa ha sumado además una pieza separada por las joyas halladas en una caja fuerte del despacho del expresidente durante el registro practicado el 19 de mayo. Esa línea se abrió por posibles delitos fiscales y de contrabando después de una tasación preliminar de 1,3 millones de euros.
En paralelo, Hacienda ha comunicado hoy mismo al juez que mantiene abiertas inspecciones fiscales sobre Zapatero, su familia, la empresa de sus hijas y el empresario Julio Martínez. La Agencia Tributaria ha pedido que se valore la suspensión de esas actuaciones administrativas mientras avanza la investigación penal.
La resolución de Calama introduce ahora una cautela sobre la forma en que la Policía incorpora material a la causa. La instrucción sigue adelante, pero los próximos informes de la UDEF deberán separar con más precisión lo que sirve a la investigación de lo que pertenece al ámbito personal del expresidente.
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