Bolivia investigará las "presuntas influencias" de Zapatero a través de una comisión de investigación en el Senado

El expresidente de Bolivia Luis Arce rechazó cualquier participación en las supuestas gestiones atribuidas al exjefe del Ejecutivo español José Luis Rodríguez Zapatero para favorecer intereses empresariales en el país

02 de julio de 2026 a las 08:43h
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.  Clara Carrasco / Europa Press
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Clara Carrasco / Europa Press

El Sendado de Bolivia ha aprobado la creación de una comisión para investigar la presunta influencia que llevó a cabo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en relación con la empresa peruana Grupo Gloria a cambio de 200.000 euros entre los aaños 2024 y 2025. "Indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas", es el objetivo de dicha comisión.

La Cámara a través de un comunicado ha avanzado que la comisión estará formada por seis senadoras y senadores de distintas formaciones políticas. La iniciativa fue propuesta por Alianza Libre, el principal partido de la oposición del país. La líder del partido, Tomasa Yarhui, explicó: "Para nosotros es de vital importancia este tema para que se pueda investigar y sancionar. Estados estableciendo que primero se deben investigar investigar los hechos antes de consolidar la justificación de los delitos"–declaraciones 'El Deber'.

Luis Arce rechaza cualquier tráfico de influencias 

El expresidente de Bolivia Luis Arce rechazó cualquier participación en las supuestas gestiones atribuidas al exjefe del Ejecutivo español José Luis Rodríguez Zapatero para favorecer intereses empresariales en Bolivia. Su respuesta llegó después de que un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) señalara al político español por una presunta labor de intermediación en beneficio del grupo peruano Gloria, propietario mayoritario de la cementera Soboce, a cambio de una supuesta contraprestación económica de 200.000 euros. Ante estas acusaciones, Arce aaseguró que nunca intervino para favorecer a ninguna compañía privada y sostiene que su relación con Zapatero se limitó al ámbito institucional y político.

A través de una publicación difundida en redes sociales, el exmandatario boliviano, que permanece en prisión preventiva desde diciembre por una investigación relacionada con presuntos hechos de corrupción, negó cualquier actuación irregular durante su etapa al frente del Gobierno.

“No estuve ni estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a Soboce (Sociedad Boliviana de Cemento) o alguna otra empresa privada”, afirmó Arce.

El expresidente también salió al paso de las sospechas que lo relacionan con las gestiones atribuidas a Zapatero y aseguró que los contactos mantenidos con el exdirigente socialista español estuvieron vinculados exclusivamente a cuestiones políticas. Según explicó, las conversaciones giraron en torno a la mediación que el exjefe del Ejecutivo español ejerció durante la crisis interna del Movimiento al Socialismo (MAS) en el periodo previo a las elecciones previstas para 2025.

La controversia tiene su origen en un litigio que enfrenta desde hace más de diez años a la cementera Soboce y a la estatal Fancesa por la propiedad de unas acciones cuya posesión permitiría ampliar la capacidad de producción de la primera. Al conflicto se sumó posteriormente el grupo peruano Gloria, accionista mayoritario de Soboce, que reclama una compensación económica al Estado boliviano. Luis Arce defendió que esta disputa es anterior a su Gobierno y subrayó que su Ejecutivo recurrió una resolución judicial favorable a Soboce, por lo que rechaza haber favorecido a la compañía. Además, recordó que el caso sigue pendiente de una decisión definitiva del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y que no se ha efectuado ningún pago relacionado con el litigio.El informe de la UDEF

Asimismo, cobró fuerza después de conocerse un informe elaborado por la UDEF de la Policía Nacional española. El documento sostiene que Zapatero habría participado en una “dinámica de intermediación e influencias” dirigida a favorecer los intereses del grupo Gloria ante las autoridades bolivianas.

Los investigadores apuntan a la existencia de una supuesta contraprestación económica de 200.000 euros y basan parte de sus conclusiones en conversaciones de WhatsApp intercambiadas entre el expresidente español y su secretaria, Gertrudis Alcázar, además de varias anotaciones recogidas en sus agendas personales.

El informe de la UDEF

El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una serie de gestiones profesionales relacionadas con intereses empresariales en Bolivia. Los investigadores han reconstruido una secuencia de hechos que incluye la firma de un contrato de asesoramiento, el intercambio de documentación sobre litigios internacionales, la preparación de reuniones y viajes, así como el abono de importantes cantidades económicas. Según el documento al que ha tenido acceso este medio, los investigadores consideran que el expresidente camufló presuntamente actividades de lobby en trabajos de consultoría.

Uno de los elementos más relevantes del informe es la existencia de un contrato de asesoramiento suscrito en mayo de 2024 entre Zapatero y la sociedad peruana Focus Social Research SAC. Según la documentación analizada por la Policía, el acuerdo contemplaba una duración anual prorrogable y unos honorarios de 200.000 euros, además de dietas de 10.000 euros por jornada de viaje y la cobertura de los gastos derivados de los desplazamientos.

La investigación también recoge la participación del entorno más próximo al expresidente en la preparación del acuerdo. En concreto, los agentes reflejan conversaciones en las que Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, señala que el contrato debía ser revisado previamente por José Miguel Vidal Zapatero, director de gabinete del expresidente. Tras esa revisión, se introdujo una modificación que eliminaba la cláusula que permitía resolver el contrato antes de cumplirse el plazo de un año.

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La periodista Clara Cerrada, redactora de ElConstitucional.es
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