El exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha negado este jueves ante el juez Santiago Pedraz que presionara a la Unidad Central Operativa (UCO) para frenar la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Marcos ha declarado como investigado en la Audiencia Nacional dentro del 'caso Leire Díez' y ha rechazado haber pedido a los agentes que se pusieran "de perfil" o que dejaran las pesquisas "en nada".
Su versión choca con la ofrecida durante la instrucción por Rafael Yuste, jefe de la UCO entre 2023 y 2025, y Alfonso López Malo, entonces responsable de Policía Judicial. Ambos situaron al exdirector en dos reuniones celebradas el 12 de julio de 2024 en las que, según relataron, mostró su malestar por las actuaciones propuestas por la unidad en la causa abierta en Badajoz.
Marcos sí ha admitido que pidió a la cadena de mando que acelerara el análisis de los más de 60.000 correos intervenidos y terminara cuanto antes el correspondiente informe. Según fuentes presentes en la declaración, instó a los responsables a "darse mucha prisa", aunque ha negado que exigiera un resultado favorable a David Sánchez o que planteara dejar sin vacaciones a los investigadores.
El exdirector ha situado aquellas conversaciones en sus sospechas sobre una "cultura de la filtración" dentro de la Guardia Civil. Ha recordado que un equipo de televisión esperaba a los agentes durante un registro realizado en la Diputación de Badajoz y ha asegurado que determinadas informaciones aparecían siempre en los mismos medios y firmadas por los mismos periodistas.
Marcos también ha explicado que le pareció "llamativo" que la UCO central asumiera una investigación sobre hechos ocurridos en Badajoz, una demarcación correspondiente a la Policía Nacional. La intervención de la unidad había sido acordada por Beatriz Biedma, la magistrada encargada de investigar la contratación de David Sánchez en la Diputación pacense.
Dos versiones enfrentadas sobre las reuniones de julio
Los antiguos mandos de la UCO ofrecieron un relato distinto. Yuste declaró que Marcos estaba "enfadado y contrariado" porque había conocido por terceros las diligencias propuestas a la jueza y que reprochó a sus subordinados que el informe llegara al juzgado sin su conocimiento previo. Según su testimonio, el entonces director reclamó otro documento en el que apareciera "todo analizado y que no haya nada" antes del 19 de julio.
Marcos ha desmentido esas palabras y ha defendido que únicamente exigió rigor y rapidez, sin intervenir en las conclusiones de los investigadores. También ha rechazado haber calificado de "prospectiva y malintencionada" la actuación de la UCO, ha asegurado que nunca abrió informaciones reservadas contra sus agentes y ha afirmado que ni siquiera conocía al teniente coronel Antonio Balas, responsable directo de las pesquisas.
El exdirector, que estuvo al frente del Instituto Armado entre junio de 2023 y septiembre de 2024, ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado. Ha declinado contestar al Partido Popular, que ejerce la acusación popular y pidió su imputación después de conocer las manifestaciones de los mandos de la unidad.
Pedraz investiga una posible trama destinada a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez. La causa sitúa a la exmilitante socialista Leire Díez como coordinadora de las operaciones y atribuye un papel central al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Ambos figuran como investigados y las acusaciones continúan pendientes de lo que determine la instrucción.
Antes de Marcos ha comparecido como testigo el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, quien ha negado haber recibido presiones de la Fiscalía General del Estado. Alonso ha explicado que remitió una querella contra Leire Díez al entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y que recibió un informe de ocho páginas que devolvía la competencia a Badajoz.
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