El 'caso Leire Díez' ha alcanzado al hombre que dirigía la Guardia Civil cuando dos antiguos responsables de la UCO sitúan las supuestas presiones sobre sus investigaciones. El juez Santiago Pedraz ha citado como investigado a Leonardo Marcos, máximo responsable del Instituto Armado entre junio de 2023 y septiembre de 2024, para que declare el próximo 10 de septiembre en la Audiencia Nacional.
La decisión coloca bajo investigación a tres responsables presentes o recientes de la cúpula de la Guardia Civil. La actual directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo, Manuel Llamas, ya comparecieron en julio por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos rechazaron haber participado en cualquier maniobra destinada a intimidar a los agentes o frenar las causas que afectaban al PSOE y al Gobierno.
Pedraz ha aceptado ahora la petición de la acusación popular coordinada por el Partido Popular. La providencia fija el interrogatorio de Leonardo Marcos a las 10.00 horas, aunque no concreta los delitos que se le atribuyen ni desarrolla los indicios por los que adquiere la condición de investigado.
Las presiones denunciadas por los antiguos jefes de la UCO
El nombre de Marcos entró en el centro de la causa por las declaraciones de Rafael Yuste y Alfonso López Malo, dos antiguos responsables de la Unidad Central Operativa. Los mandos relataron que recibieron indicaciones para "ponerse de perfil" y "no ser proactivos" en investigaciones con "afectación política", entre ellas la abierta entonces sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La UCO investigaba en aquel momento la creación del puesto ocupado por David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Los agentes habían solicitado acceder a varias cuentas de correo corporativas para reconstruir cómo se diseñó y adjudicó la plaza, una diligencia que provocó el enfado del entonces director general.
Según el relato incorporado a la causa, Marcos calificó el oficio de la UCO como "totalmente prospectivo y malintencionado" y sostuvo que la credibilidad de la unidad estaba "por los suelos". También habría reclamado que en apenas una semana estuviera todo "analizado y que no haya nada", pese a que los investigadores debían revisar un elevado volumen de correos antes de informar a la jueza.
Yuste explicó que aquel plazo era materialmente imposible y rechazó acelerar artificialmente el análisis. Los antiguos mandos entendieron las palabras de Marcos como una presión para rebajar la iniciativa de la UCO, aunque también precisaron que la indicación sobre las causas políticas fue formulada en términos generales y sin mencionar únicamente al PSOE.
El juez ya había rechazado investigar a Leonardo Marcos el pasado 2 de julio. Consideró entonces que la conducta descrita, por sí sola, no permitía apreciar un delito, pero dejó abierta la posibilidad de revisar su decisión después de practicar nuevas diligencias. Tras escuchar al DAO y examinar las declaraciones de los mandos, Pedraz ha terminado llamándole al procedimiento.
La acusación popular sostiene que resultaba incoherente investigar a Mercedes González y Manuel Llamas sin interrogar a quien era el superior jerárquico del DAO durante los hechos. El PP quiere aclarar qué conocimiento tenía Marcos de las informaciones reservadas abiertas dentro del cuerpo, qué instrucciones trasladó a la UCO y si coordinó alguna actuación con los demás investigados.
Mercedes González y el DAO niegan cualquier maniobra
Manuel Llamas declaró durante cerca de tres horas el pasado 16 de julio. El DAO negó haber ordenado a la UCO que se pusiera de perfil y defendió que las informaciones reservadas abiertas por posibles filtraciones a medios eran procedimientos ordinarios previstos en la normativa interna de la Guardia Civil.
Su defensa ha aportado ahora mensajes de WhatsApp y billetes de transporte para acreditar que se encontraba en Logroño durante una de las reuniones señaladas por los antiguos mandos. Llamas reconoció que se reunió esa misma tarde con responsables de Policía Judicial y de la UCO, aunque aseguró que la conversación estuvo centrada en la organización de las vacaciones y la continuidad del trabajo durante el verano.
Mercedes González compareció al día siguiente y se desvinculó por completo de la presunta trama. La directora reconoció dos encuentros con Leire Díez, negó que existiera un tercero y afirmó que jamás relacionó esas conversaciones con las investigaciones internas abiertas posteriormente. También aseguró que rechazó "de plano" la petición de Díez para facilitar el regreso del comandante Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo'.
González llegó a presentarse ante el juez como una víctima de Santos Cerdán. Según su declaración, jamás habría recibido a Leire Díez si hubiera sabido que actuaba en nombre del entonces secretario de Organización del PSOE. La directora defendió que ninguna de sus decisiones buscó perjudicar a la UCO ni proteger al Gobierno de sus investigaciones.
Pedraz ha rechazado apartar cautelarmente a González y Llamas del mando sobre la unidad, como habían solicitado las acusaciones. El magistrado ha recordado que la UCO actúa como Policía Judicial y depende directamente del juzgado durante esta investigación. También le ha indicado que deberá comunicar cualquier intento de interferencia o situación en la que se sienta "inquietada en sus funciones".
Fernando Grande-Marlaska se ha limitado a trasladar su "respeto absoluto a las resoluciones judiciales" tras conocerse la imputación de Leonardo Marcos. El ministro del Interior mantiene su confianza en Mercedes González y Manuel Llamas, que continúan en sus puestos pese a las peticiones de dimisión formuladas por PP, Vox y varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Pedraz también ha citado el 10 de septiembre, media hora después de Leonardo Marcos, al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca. El juez quiere reconstruir la tramitación de una denuncia presentada contra Leire Díez y conocer las comunicaciones mantenidas entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Badajoz.
El requerimiento judicial incluye la denuncia original, los informes, borradores, decretos, anotaciones internas y resoluciones incorporadas al expediente. Pedraz reclama además todos los correos, mensajes, notas, registros de llamadas y comunicaciones intercambiados por los fiscales y funcionarios que participaron en su tramitación.
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