El abogado de David Sánchez ha marcado este miércoles una línea clara entre la actuación del tribunal y el componente político que, a su juicio, ha acompañado el procedimiento. Emilio Cortés rechaza hablar de 'lawfare' por parte de la Audiencia Provincial de Badajoz, aunque atribuye un "sesgo político absolutamente claro" a las siete acusaciones populares que han intervenido en la causa.
La defensa solicitará este jueves una aclaración de la sentencia antes de presentar el recurso contra los nueve años de inhabilitación impuestos al hermano del presidente del Gobierno como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa.
Cortés considera "chocante" que la resolución relacione a su cliente con la creación presuntamente irregular de la plaza y termine situando su participación concreta en el posterior cambio de denominación del puesto. La petición pretende que los magistrados precisen qué actuación de David Sánchez resultó indispensable para que se cometiera el delito.
La defensa centra la condena en el cambio de la plaza
La plaza obtenida por David Sánchez en la Diputación de Badajoz nació como coordinador de los conservatorios y pasó después a denominarse director de la Oficina de Artes Escénicas. Según la interpretación defendida por Cortés en ‘Espejo Público’, de Antena 3, el fallo atribuye a su cliente una influencia sobre esa modificación, mientras deja fuera de su conducta penal la creación inicial del puesto.
"Todo lo que tiene que ver con el llamado enchufismo es completamente ajeno en la sentencia al señor Sánchez", ha sostenido el letrado. La defensa cuestiona así la lectura política que presenta la resolución como una condena directa por haber recibido una plaza confeccionada expresamente para el hermano del jefe del Ejecutivo.
Cortés también discute que David Sánchez pudiera conocer la supuesta ilegalidad administrativa del cambio. El abogado ha recordado que su cliente es músico y carece de formación jurídica para determinar si una reorganización interna se ajustaba a todos los requisitos legales.
La Audiencia considera que David Sánchez cooperó de manera necesaria en la decisión prevaricadora. La defensa echa en falta una explicación más concreta sobre la aportación causal que permitió atribuirle esa responsabilidad. En ‘Más de uno’, de Onda Cero, Cortés ha definido el resultado como una "prevaricación muy sosa, sin móvil".
El letrado presentará la solicitud de aclaración dentro del plazo de 48 horas. Cuando el tribunal responda, dispondrá de diez días para interponer el recurso ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Cortés prevé que la apelación quede formalizada en septiembre por el calendario procesal de agosto.
Una causa política, pero sin acusar al tribunal
El abogado ha evitado respaldar las acusaciones de 'lawfare' lanzadas desde distintos sectores políticos tras conocerse la condena. "No tengo ninguna razón objetiva ni acreditada para pensar que es un caso de lawfare", ha afirmado en ‘Espejo Público’.
Cortés ha repetido esa posición en ‘Más de uno’ y en ‘Al Rojo Vivo’, de laSexta. Su crítica se dirige hacia las acusaciones populares, entre las que figuran PP, la ultraderecha Vox y varias organizaciones ultras, y queda expresamente separada de la actuación de los tres magistrados que han firmado la sentencia.
La defensa considera evidente que la causa ha tenido objetivos que superaban la responsabilidad penal de David Sánchez. "Soy plenamente consciente de que el objetivo de este pleito no era mi cliente, sino que era alguien diferente", ha asegurado Cortés.
En ‘Al Rojo Vivo’, el abogado ha acusado a las partes personadas de intentar "comprometer la estabilidad del Gobierno". También ha recordado que algunas de ellas han reclamado públicamente la dimisión de Pedro Sánchez durante el desarrollo del procedimiento.
Cortés ha descrito el escrutinio sufrido por su cliente como una "autopsia en vida" después de que la investigación examinara su patrimonio, su residencia en Portugal, su situación tributaria y el trabajo desempeñado en la Diputación. Varios de los delitos planteados al comienzo quedaron archivados y el tribunal absolvió finalmente a los acusados de tráfico de influencias.
El recurso buscará concretar la cooperación necesaria
La sentencia concluye que la plaza se creó y transformó mediante decisiones arbitrarias para favorecer a David Sánchez. También sostiene que el puesto carecía inicialmente de una necesidad real y que parte de sus funciones fueron adaptándose a sus intereses profesionales.
El tribunal ha descartado, al mismo tiempo, que existieran pruebas suficientes de presiones ejercidas por Pedro Sánchez, su entorno o terceras personas. La resolución tampoco atribuye al presidente del Gobierno ninguna participación en los hechos examinados en la Diputación de Badajoz.
El recurso de la defensa se centrará en la condición de cooperador necesario. Cortés considera que la sentencia explica las decisiones adoptadas por los responsables políticos y administrativos, pero deja sin definir con suficiente claridad qué hizo David Sánchez para que esas actuaciones pudieran ejecutarse.
El abogado también impugnará la valoración de los testimonios de los funcionarios de la Diputación. A su juicio, la Sala resta credibilidad a varios de ellos por trabajar dentro de una administración jerarquizada, mientras concede mayor fuerza a las conclusiones presentadas por la Guardia Civil.
La posición de Cortés introduce un matiz relevante respecto a las reacciones políticas de la víspera. La defensa mantiene que la causa fue impulsada con una finalidad política y rechaza extender esa acusación a los jueces que han dictado la condena.
La sentencia todavía carece de firmeza y la inhabilitación no se ejecutará mientras continúe abierta la vía de recurso. La defensa registrará este jueves su petición de aclaración y, una vez respondida por la Audiencia de Badajoz, acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
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