La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado una reforma legal para que la Fiscalía pueda intervenir antes de ejecutar desahucios que afecten a personas especialmente vulnerables. La asociación considera que el caso de Maricarmen ha dejado al descubierto una "grave omisión" del sistema procesal español que impide al Ministerio Público actuar incluso cuando el lanzamiento afecta a mayores, menores o personas con discapacidad.
La legislación vigente obliga a los juzgados a comunicar determinados procedimientos a los servicios sociales, que deben comprobar la situación del hogar y proponer ayudas o una alternativa habitacional. Con esa información, el juez puede suspender temporalmente el proceso para que las administraciones adopten medidas de protección. La decisión depende de la valoración de cada caso y la Fiscalía carece de una vía general para participar en ese trámite.
Ahí se encuentra el vacío señalado por los fiscales progresistas. "Un informe de los servicios sociales es imprescindible, pero informar sobre la vulnerabilidad no es lo mismo que defender jurídicamente a la persona", advierte la organización. La Fiscalía ya interviene en otros procedimientos que afectan a ciudadanos especialmente protegidos, pero su presencia no está prevista de manera general en los desahucios.
La UPF propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para habilitar expresamente al Ministerio Público cuando un lanzamiento afecte a menores, personas mayores, dependientes, ciudadanos con discapacidad o cualquier otra persona en una situación de especial vulnerabilidad. El fiscal podría valorar las circunstancias del afectado, comprobar si las medidas disponibles son suficientes y examinar la respuesta ofrecida por las administraciones. "Ahí tiene que estar el Ministerio Fiscal", sostiene la asociación.
La propuesta queda limitada a una intervención puntual y especializada. El propietario conservaría sus derechos y el fiscal tampoco podría detener por sí mismo cualquier desahucio. Su función consistiría en garantizar que la vulnerabilidad tenga una defensa jurídica efectiva y que el lanzamiento no se ejecute sin haber examinado previamente las alternativas y obligaciones de los poderes públicos.
El desahucio de Maricarmen ha servido de detonante para esta reclamación. La mujer, de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, fue expulsada este miércoles de la vivienda de Madrid donde vivía desde 1956 y salió del edificio en camilla antes de ser trasladada al hospital. El lanzamiento se ejecutó después de que Naciones Unidas solicitara cautelarmente su suspensión hasta que contara con una alternativa habitacional adecuada.
La UPF evita cuestionar la resolución judicial dictada en este caso, pero considera que la ausencia de la Fiscalía dejó sin una defensa institucional específica los derechos de una persona especialmente vulnerable. La asociación dirige ahora su petición al legislador para cubrir ese vacío. "Allí donde una persona especialmente vulnerable necesite la protección del Derecho, el Ministerio Fiscal debe poder estar", concluye.
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