La Fiscalía Provincial de Cádiz ha solicitado 18 años de inhabilitación para cualquier cargo electivo para el exalcalde de Cádiz José María González, conocido como 'Kichi', por la actuación de un asesor de su partido en el Ayuntamiento durante su segundo mandato. El escrito le atribuye dos delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos.
La petición se divide en 15 años de inhabilitación por prevaricación y otros tres por revelación de secretos. El Ministerio Público reclama además una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma 10.800 euros. Se trata de una acusación provisional y será el juzgado el que decida ahora si abre juicio oral.
González gobernó Cádiz entre 2015 y 2023, primero con Por Cádiz Sí Se Puede y después con Adelante Cádiz. Tras completar dos mandatos abandonó la primera línea política y regresó a su puesto como profesor de instituto. Una eventual condena en los términos reclamados por la Fiscalía le impediría ocupar durante 18 años cualquier cargo electivo local, autonómico, estatal o europeo, aunque no afectaría a su trabajo como docente.
Un asesor del partido dentro del Ayuntamiento
La causa gira alrededor de Fernando García Acuña, contratado como asesor jurídico por Por Cádiz Sí Se Puede. La Fiscalía sostiene que el equipo municipal ya había agotado en 2018 el número de asesores que podía incorporar al Ayuntamiento y que cinco integrantes del Gobierno local "urdieron un plan" para situarlo dentro del funcionamiento ordinario del Consistorio mediante un contrato pagado por el partido.
García Acuña desarrolló esa labor entre el 16 de abril de 2018 y el 14 de abril de 2019. Durante aquel periodo carecía de la condición de funcionario, trabajador municipal o personal eventual, pero la acusación afirma que accedió de manera continuada a información reservada, especialmente relacionada con expedientes de contratación pública que todavía se encontraban en fase de preparación.
La Fiscalía atribuye la autorización de ese acceso a una "orden e indicación directa" de 'Kichi' y otros miembros de su equipo. El asesor ocupaba un despacho en dependencias municipales, participaba habitualmente en reuniones con funcionarios y responsables políticos y era presentado como experto en licitaciones sin que se aclarase que su relación contractual era exclusivamente con la formación política.
El escrito sostiene que García Acuña intervino en la preparación y modificación de pliegos, contratos y convenios, recibió documentación antes de su publicación e impartió instrucciones que los empleados municipales debían cumplir con el respaldo del equipo de gobierno. Aunque su firma no aparece en los expedientes, la Fiscalía mantiene que algunos documentos fueron redactados directamente por él o modificados por funcionarios siguiendo sus indicaciones.
La acusación pública también subraya que el acceso anticipado a la información de una licitación puede comprometer la igualdad entre las empresas que aspiren a un contrato. Las funciones de un asesor político quedan limitadas al consejo del cargo para el que trabaja y no permiten tomar decisiones, ordenar cambios en expedientes ni dirigir el trabajo de funcionarios públicos.
Junto al exalcalde están acusados el entonces concejal de Personal, David Navarro; la antigua responsable de Turismo, Laura Jiménez; el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, y el asesor municipal José Ramón Páez. Para los cuatro, la Fiscalía plantea también penas de inhabilitación y multa por prevaricación y revelación de secretos. A García Acuña le atribuye el papel de cooperador necesario y reclama nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada.
Adelante denuncia "lawfare a la gaditana"
Adelante Andalucía ha reaccionado con "tranquilidad" al escrito y ha vuelto a presentar el procedimiento como un caso de "lawfare a la gaditana". La formación remarca que la causa no investiga el enriquecimiento de ninguno de los implicados ni la apropiación de dinero público y sostiene que la discusión se limita a la posición administrativa y jurídica que ocupaba García Acuña.
El espacio político de 'Kichi' considera además "insólito" que Comisiones Obreras, cuya denuncia dio origen a la investigación, continúe personada junto al PP. A su juicio, existe una dinámica de "acoso judicial" contra el anterior Gobierno municipal, al que vincula con la sucesión de denuncias presentadas durante sus ocho años al frente de Cádiz y posteriormente archivadas o desestimadas.
El propio González negó en 2024 que García Acuña hubiera dado órdenes a funcionarios. Defendió que los empleados municipales conocían quién tenía autoridad para dirigir su trabajo y aseguró que no existía ninguna queja interna por las funciones desempeñadas por el asesor. También cargó contra la "judicialización permanente" de la política local y confió entonces en que la investigación acabara archivada.
La causa ha avanzado desde aquellas declaraciones y la Fiscalía reclama ahora la apertura de juicio oral. El juzgado deberá decidir si envía a 'Kichi' y al resto de los acusados al banquillo, donde las defensas podrán discutir el relato del Ministerio Público y las pruebas reunidas durante la instrucción.
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