El juez Santiago Pedraz ha rechazado que el coronel de la Guardia Civil Daniel Baena se persone como acusación particular en el "caso Leire". El magistrado considera que su aparición en una de las libretas intervenidas a Leire Díez resulta insuficiente para sostener que la exmilitante socialista maniobrara contra él.
Baena dirigió algunas de las principales investigaciones policiales sobre el proceso independentista catalán. Entre ellas figura la causa Voloh, centrada en las conexiones internacionales del procés. También participó en las diligencias que acabaron llevando a juicio a los miembros del Govern responsables del referéndum del 1 de octubre de 2017.
El coronel defendía que su nombre figuraba "entre los objetivos identificados" en las anotaciones de Leire Díez y relacionaba esa mención con las investigaciones que encabezó durante aquellos años. Su escrito pedía que la Audiencia Nacional lo reconociera como perjudicado y le permitiera ejercer la acusación particular.
Pedraz ha seguido el criterio de la Fiscalía y concluye que el escrito carece de datos concretos capaces de demostrar esa condición. Según la providencia, "no existe un nexo directo" entre las investigaciones dirigidas por Baena y los hechos posteriores que afectaron a su situación profesional.
El juez tampoco tiene constancia, "hasta la fecha", de reuniones entre Leire Díez y el abogado Gonzalo Boye en el entorno de Junts que estuvieran destinadas a obtener información sobre procedimientos en los que hubiera intervenido el coronel. La resolución deja así su nombre fuera del grupo de perjudicados reconocidos en esta fase de la instrucción, aunque Baena todavía podrá recurrir la decisión.
La causa vuelve a la Audiencia Nacional en septiembre
La investigación trata de esclarecer la existencia de una presunta trama destinada a interferir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa (UCO) sitúa al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán al frente de la operación y atribuye a Leire Díez su coordinación ejecutiva.
El calendario judicial se reanudará el próximo 9 de septiembre con las declaraciones como investigados de la gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes, y de Ismael Oliver, antiguo abogado de Koldo García. Pedraz quiere aclarar el sistema de pagos y facturas que habría servido para financiar los desplazamientos y actividades de Leire Díez.
Un día después comparecerá como investigado Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil. Pedraz lo interrogará sobre las supuestas presiones para que la UCO rebajara su actuación en causas con impacto político, entre ellas la investigación sobre David Sánchez. El fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, declarará esa misma mañana como testigo.
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