La jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, que instruye la causa por el siniestro ferroviario de Adamuz, ha citado para el 12 de noviembre a técnicos de Iryo y Renfe, además de representantes de otras empresas y a los peritos judiciales, para la práctica de la diligencia de acceso, descifrado e interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de ambos trenes, las conocidas como cajas negras.
Según recoge la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado ha pedido al departamento de Informática que ponga a disposición de los técnicos los medios necesarios solicitados por Hasler Rail, fabricante de los equipos, en la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia.
Juramento telemático del cargo de perito
Antes de esa comparecencia, todos los intervinientes citados, salvo los peritos judiciales, deberán jurar el cargo de perito el 29 de octubre, en una comparecencia telemática que se realizará a través de una aplicación. En los días previos, cada uno recibirá en el correo electrónico facilitado un enlace para conectarse al acto sin necesidad de desplazarse físicamente a la sede judicial.
El procedimiento se enmarca en una instrucción que ya ha incluido varias actuaciones previas sobre la extracción y análisis de la información almacenada en los registradores jurídicos de los trenes siniestrados, así como sobre el acceso a las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren de Iryo.
La apertura de las cajas negras en Madrid
Las dependencias de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en Madrid, acogieron el 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes afectados, después de que el Tribunal de Instancia de Montoro autorizara el 26 de febrero el acceso, la extracción y el análisis del contenido, así como el acceso y la extracción de los datos de las cámaras de seguridad del convoy de Iryo.
La jueza autorizó entonces el uso de cualquier programa informático que permitiera verificar “la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés”. El volcado, la extracción y el análisis se realizaron en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantaron acta del procedimiento, obtuvieron evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos, conservaron una copia para proseguir con la investigación y entregaron otra de forma inmediata al órgano judicial.
Finalmente, se descartó trasladar el material a analizar hasta Montoro para evitar los riesgos que implicaría un eventual desplazamiento de los equipos de grabación a las dependencias judiciales de la localidad cordobesa.
La Junta autoriza el gasto para la pericia
A mediados de mayo, la jueza libró oficio a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía para que, “con carácter urgente”, el órgano administrativo competente adoptara las medidas necesarias que permitieran a este juzgado acceder a las aplicaciones informáticas y contar con personal de la empresa fabricante para descifrar las cajas negras de los dos trenes.
En una providencia, la magistrada adoptó esta decisión ante “el estado de las actuaciones” y reclamó el acceso a los softwares Multirec-SG y Husler-SG, correspondientes a los registradores jurídicos del tren de Iryo y del Alvia, cuyas licencias de instalación y uso pertenecen a Hasler Rail. La jueza también pidió personal de la empresa fabricante que permitiera el acceso efectivo, el descifrado y la interpretación de los datos, al considerar que era necesario para el esclarecimiento de los hechos objeto de la instrucción.
A principios de junio, la Junta de Andalucía resolvió aprobar un gasto de 1.980 euros más IVA para sufragar la práctica de la pericia solicitada por la plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, con el objetivo de disponer de los medios necesarios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes.
Según la resolución de la Secretaría General Provincial de la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Córdoba, el software empleado es propiedad de Hasler Rail y, por tanto, la pericia “sólo puede realizarse por esta”.
El escrito añade que el gasto “no se encuentra entre los que pueden ser realizados por el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia o por las entidades adjudicatarias de los contratos administrativos”, conforme a la resolución de la Delegación del Gobierno en Córdoba de 1 de marzo de 2018, dictada en aplicación del artículo 5 del Decreto 4/2018, de 16 de enero, por el que se regula la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes, así como el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes.
En este contexto, el Gobierno andaluz solicitó presupuesto a Hasler Rail, que lo remitió de forma detallada por un importe de 1.980 euros, sin incluir el IVA.
