La investigación sobre la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, durante la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio pasa a quedar bajo la dirección de la Audiencia Nacional. El Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma ha acordado este martes inhibirse en favor de la jueza María Tardón y remitirle íntegramente las actuaciones que había iniciado sobre el representante del Ejecutivo en Ceuta.
La decisión se produce después de que la magistrada de la Audiencia Nacional solicitara hacerse cargo de este procedimiento para incorporarlo a la causa que ya instruye sobre la entrada masiva registrada en la ciudad. De esta forma, las diligencias relativas a la actuación de Pérez Triano quedarán integradas en la investigación centralizada por Tardón.
El juzgado ceutí trasladará también a la Audiencia Nacional las peticiones formuladas por Hazte Oír en su querella y en la posterior ampliación de la misma. Entre ellas figura la solicitud para que Pérez Triano declare en calidad de investigado, además de la conservación de correos electrónicos, grabaciones y atestados policiales. La organización también pidió que comparezca como testigo Gonzalo Sanz, hasta hace poco jefe de gabinete del delegado del Gobierno y que recientemente abandonó el cargo.
Tardón ya investiga la entrada masiva desde Marruecos
La decisión de este martes amplía el alcance de las diligencias que dirige María Tardón en la Audiencia Nacional. La magistrada declaró competente a este órgano para investigar la entrada masiva e irregular de personas desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio, al considerar provisionalmente que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, homicidios imprudentes y organización criminal.
En el auto mediante el que asumió la investigación, Tardón sostuvo que “nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”.
La magistrada incorporó a su resolución un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que apunta a que las entradas no constituyeron un fenómeno espontáneo. Según ese documento, durante los días anteriores se produjo un incremento progresivo de las llegadas y las redes sociales tuvieron un papel relevante en la difusión de las convocatorias. El 29 de julio, el organismo emitió una alerta de riesgo extremo ante la previsión de entradas coordinadas mediante el salto de la valla y a nado.
Durante las jornadas del 30 y 31 de julio se produjeron distintas oleadas de entradas que, según la resolución judicial, llegaron a superar la capacidad de respuesta del sistema español de control fronterizo. Tardón apunta además a posibles consecuencias sobre la seguridad pública, la sanidad, los servicios sociales y la defensa, así como a eventuales repercusiones internacionales y políticas.
La causa también contempla las circunstancias en las que se produjo el desplazamiento marítimo de algunos de los migrantes. La jueza habla de un “absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables” y recoge que algunas personas habrían sido conducidas al mar sin preparación suficiente, con ropa inadecuada y medios de flotación precarios. La investigación incluye por el momento 83 fallecimientos acreditados en aguas españolas, que Tardón relaciona provisionalmente con posibles delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes.
Otro de los elementos analizados por la magistrada es el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad marroquíes en la zona de Fnideq y Castillejos. El auto señala que “Se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos, en la propia playa de Fnideq y lugares aledaños a dicho espacio en la ciudad de Castillejos se evidencia, a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos”. La resolución plantea así la posibilidad de una actuación permisiva e incluso de un “guiado activo” de las personas que intentaban alcanzar territorio español.
Tardón analiza asimismo si los hechos podrían encajar en un delito contra la paz o la independencia del Estado, al considerar que pudo existir una actuación con incidencia sobre la integridad territorial española. En este punto, la magistrada alude a estrategias de “guerra híbrida” o “zona gris”, en las que pueden confluir herramientas como las redes sociales, la movilización digital y la desinformación.
La investigación incluye además la posible existencia de una organización criminal. La resolución describe una estructura que, de manera provisional, estaría formada por distintos niveles: quienes realizaron las entradas, los responsables de dinamizar los mensajes en redes sociales, los organizadores sobre el terreno, quienes participaron en la planificación y quienes habrían asumido la dirección. “Esa distribución funcional de tareas, la permanencia temporal del fenómeno, la coordinación observada y la capacidad de movilización acreditada constituyen circunstancias que, al menos indiciariamente, justifican la investigación de una posible estructura criminal compleja”, señala el auto.
Con la decisión adoptada hoy por el juzgado ceutí, las diligencias abiertas específicamente sobre el delegado del Gobierno quedan incorporadas a esta investigación de la Audiencia Nacional, que deberá determinar tanto las posibles responsabilidades derivadas de la organización de las entradas como las relacionadas con la respuesta ofrecida desde España ante las alertas previas.
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