Este miércoles tiene lugar la sexta sesión del ‘caso mascarillas’ donde el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se van a sentar en la bancada de los acusados del Tribunal Supremo. En él se está juzgando la presunta irregularidad en la que están implicados en cuanto a los contratos de mascarillas que fueron adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia del covid-19.
La segunda semana del juicio cierra con la declaración de ocho testigos entre los que se encuentra la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a la que la UCO señala por presuntamente haber intervenido en la compra de mascarillas a Aldama. No obstante, ella sostiene que se limitó a remitir los contactos que Koldo García le había dado previamente.
Pardo de Vera, que está siendo investigada en la Audiencia Nacional por presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública -parte del caso que instruye este organismo- podría acogerse al derecho de no declarar.
De la misma manera, están llamados a declarar el secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, un subteniente de la Guardia Civil y quien fuese socio de la empresa Soluciones de Gestión -el sumario la describe como una sociedad instrumental utilizada para canalizar grandes contratos de material sanitario y repartirse comisiones presuntamente ilegales.
¿En qué consistieron los contratos de mascarillas?
La trama del ‘caso mascarillas’ fue destapada en febrero de 2024 por la UCO y revelaron que entes dependientes del Ministerio de Transportes -Puertos del Estado y Adif- adjudicaron contratos por 54 millones de euros para 13 millones de mascarillas defectuosas durante la peor fase de la pandemia, con comisiones ilegales de 3,7 millones de euros para Aldama, canalizadas a Ábalos y Koldo vía pagos en negro, regalos y favores políticos.
La Fiscalía Anticorrupción señala que los tres “acordaron la futura comisión de delitos, conforme a que las oportunidades de cometerlos se fueron presentando”. Asimismo, manifiesta que fueron ayudados “por otras autoridades y funcionarios” como también por familiares de Koldo y otros empresarios del entorno de Aldama. Por último, expone que la presunta organización criminal de la que se les acusa, fue creada “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”.
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