La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado ampliar la investigación sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda consultar también sus datos fiscales y los de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hasta ahora, el juzgado encargado del caso solo había autorizado a los investigadores a revisar la información bancaria y había dejado para más adelante el análisis del resto de los datos.
La decisión llega después de que la Fiscalía de Madrid recurriera esa medida. Los magistrados han aceptado su petición y consideran que estudiar toda esta información al mismo tiempo puede ayudar a aclarar los hechos y agilizar la investigación. La causa trata de determinar si se cometieron posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal relacionados con operaciones empresariales vinculadas a González Amador y varias sociedades.
La Fiscalía consigue que se investiguen todos los datos al mismo tiempo
La Audiencia Provincial ha revocado la decisión del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que había autorizado a la UCO a consultar los movimientos bancarios de las personas y empresas relacionadas con el caso desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad.
El juez había decidido esperar a conocer los primeros resultados de ese análisis antes de permitir el acceso a la información tributaria y de la Seguridad Social. Sin embargo, la Fiscalía defendió que era necesario estudiar todas estas fuentes de información para reconstruir los movimientos de dinero y conocer mejor la situación económica de los investigados.
Ahora, los magistrados consideran que el análisis conjunto de los datos bancarios, fiscales y laborales permitirá avanzar en las pesquisas con mayor rapidez. La decisión no supone una condena ni confirma que se hayan cometido delitos, sino que amplía la información que podrán examinar los investigadores.
La compra de una empresa por cerca de 500.000 euros, bajo investigación
Uno de los puntos que estudia la investigación es la compra, en diciembre de 2020, de la empresa Círculo de Belleza S.L. por parte de una sociedad vinculada a González Amador. La operación tuvo un valor cercano a los 500.000 euros y se investiga ante la posibilidad de que hubiera servido para pagar una presunta comisión a un directivo relacionado con Quirón Prevención, empresa con vínculos comerciales con el empresario.
La causa también analiza el aumento de los ingresos de Maxwell Cremona, una sociedad vinculada a González Amador, así como otras operaciones comerciales relacionadas con la venta de material sanitario durante la pandemia y con contratos con Quirón Prevención.
Para aclarar estas operaciones, los investigadores buscan comprobar cómo se movió el dinero, de dónde procedían los ingresos y cuál fue la evolución del patrimonio de las personas y empresas implicadas. El acceso a los datos fiscales y de la Seguridad Social permitirá completar la información bancaria que ya había sido autorizada por el juzgado.
González Amador defendió la legalidad de sus ingresos
En abril de 2025, González Amador declaró ante la entonces jueza Inmaculada Iglesias y aportó documentación sobre los ingresos que había obtenido de Quirón Prevención. Durante su declaración, negó haber ocultado ese dinero mediante una sociedad instrumental para evitar el pago de impuestos.
El empresario defendió que sus ingresos eran legales y explicó que la compra de Círculo de Belleza, por cerca de medio millón de euros, respondía al valor de su red de distribución, que incluía farmacias.
Además, aseguró que la inspección de Hacienda "jamás" había solicitado los contratos de distribución de esta empresa. Sus declaraciones forman parte de los antecedentes de una investigación que continúa abierta y en la que la UCO podrá examinar ahora más información para esclarecer las operaciones empresariales investigadas.
