La defensa de Begoña Gómez ha presentado un nuevo informe pericial ante el juez Juan Carlos Peinado con el objetivo de reforzar la legalidad de su actividad profesional vinculada a la Universidad Complutense de Madrid. Se trata del tercer documento técnico aportado en el marco de la investigación, en el que se analizan tanto los ingresos como la gestión de los fondos asociados a la cátedra extraordinaria que codirigió.
El informe concluye que dicha cátedra no solo no generó perjuicio económico para la universidad, sino que arrojó un saldo positivo. En concreto, cifra en cerca de 13.000 euros el superávit obtenido gracias a la financiación procedente de empresas privadas que colaboraban con el proyecto académico.
Según el peritaje, estos fondos estaban sujetos a convenios específicos que obligaban a la universidad a destinarlos a los fines previamente acordados. Es decir, no se trataba de recursos de libre disposición, sino de partidas finalistas que debían ejecutarse conforme a lo establecido contractualmente entre las partes.
El documento insiste en que “no hay daño” económico para la institución académica, sino “beneficio”, al considerar que los ingresos aportados por terceros no pueden interpretarse como una pérdida. En esta línea, subraya que no ejecutar esos fondos habría supuesto incumplir los acuerdos y, en consecuencia, tener que devolver el dinero recibido.
Además, el informe descarta irregularidades tanto en la entrada de los fondos como en su destino, defendiendo que toda la gestión se ajustó a la normativa vigente y a los compromisos adquiridos. Este argumento busca contrarrestar las dudas planteadas sobre la relación entre la actividad profesional de Gómez y la universidad pública.
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