El polémico juez Juan Carlos Peinado ya tiene sobre la mesa las dos posiciones que marcarán el desenlace de su investigación contra Begoña Gómez. Las acusaciones populares dirigidas por la asociación ultracatólica Hazte Oír reclaman 13 años de prisión para la esposa de Pedro Sánchez, mientras su defensa y la Fiscalía coinciden en pedir que la causa termine sin juicio.
La audiencia preliminar celebrada este martes constituye el último paso antes de que Peinado decida si abre juicio oral ante un tribunal del jurado. La vista ha comenzado alrededor de las 19.45 horas, casi dos horas después de lo previsto, y apenas ha durado media hora. El magistrado deberá pronunciarse ahora mediante un auto.
El abogado Jaime Campaner, que ha asumido recientemente la defensa de Gómez, ha pedido su libre absolución y ha defendido que los hechos investigados carecen de contenido delictivo. La Fiscalía ha mantenido la misma posición y considera que la instrucción no ha reunido indicios suficientes para llevar a la esposa del presidente ante un jurado.
En el lado contrario, los ultras de Hazte Oír ha ratificado su escrito de acusación y ha solicitado 13 años de cárcel para Gómez y seis para Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa. Gómez continúa investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras Álvarez afronta la acusación relacionada con el supuesto uso de medios públicos en las actividades desarrolladas por la esposa del presidente en la Universidad Complutense.
Aunque Peinado había citado inicialmente a ambas "personalmente", ninguna ha acudido a los juzgados de Plaza de Castilla porque su presencia no era obligatoria. Gómez ha delegado su representación en Campaner y Álvarez, que se encuentra de viaje en el extranjero, ha quedado representada por el abogado José María de Pablo.
La petición de cárcel cae de 24 a 13 años tras la corrección de la Audiencia
Las acusaciones populares llegaron a solicitar 24 años de prisión para Begoña Gómez cuando la causa incluía también los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. La Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el recurso de la defensa en julio, apartó esas dos acusaciones y redujo considerablemente el alcance de la investigación impulsada por Peinado.
El tribunal mantuvo abierta la vía del jurado por tráfico de influencias y malversación, pero obligó al juez a repetir la audiencia preliminar adaptándola a los delitos que continuaban en la causa. La Audiencia separó además de este procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés, cuya investigación seguirá por los cauces del procedimiento abreviado.
Campaner sostiene que Gómez no ejerció ninguna presión para conseguir la cátedra de la Complutense y que tampoco se apropió del programa informático desarrollado en ese ámbito. La defensa de Cristina Álvarez asegura igualmente que su actuación como asesora siguió las instrucciones recibidas y que los hechos atribuidos por el juzgado no constituyen malversación.
Hazte Oír también ha descartado volver a pedir la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España para Gómez. La Audiencia Provincial anuló en julio esas restricciones, aceptadas inicialmente por Peinado, al considerar que resultaban desproporcionadas y que no existía un riesgo real y efectivo de fuga.
Un vuelo de última hora ante las prisas de Peinado
La vista ha culminado un nuevo pulso entre el magistrado y las defensas. Peinado notificó la convocatoria el lunes y citó a las partes para este martes a las 18.00 horas. Campaner pidió el aplazamiento porque tenía un compromiso profesional en Barcelona y explicó que un abogado sustituto difícilmente podía estudiar a tiempo una investigación acumulada durante más de dos años.
Como ya publicó este martes 'ElConstitucional.es', el magistrado rechazó inicialmente cambiar la fecha y planteó que Gómez fuera asistida por otro letrado. La defensa de Álvarez también solicitó el aplazamiento porque su representada se encuentra de viaje y no regresará hasta el próximo 28 de septiembre.
El escenario cambió cuando Campaner supo que su cita en Barcelona había sido suspendida. El abogado tomó el primer vuelo disponible hacia Madrid y pidió retrasar el inicio al menos 45 minutos. Peinado aceptó esa modificación apenas diez minutos antes de la hora fijada, aunque la audiencia acabó comenzando mucho más tarde.
El juez había justificado sus prisas por el periodo de vacaciones que iniciará este miércoles y que se extenderá hasta el 18 de septiembre. Peinado alcanzará la edad de jubilación obligatoria el próximo día 27, con el tiempo justo para dictar la resolución que decidirá si Begoña Gómez y Cristina Álvarez terminan sentadas ante un jurado popular.
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