El juez Juan Carlos Peinado regresa de sus vacaciones con el calendario en contra. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid encara el último mes de su carrera judicial con dos asuntos todavía sobre la mesa: el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y las actuaciones disciplinarias abiertas a raíz de varias quejas sobre su actuación durante la instrucción del caso.
Peinado cumplirá 72 años el próximo 27 de septiembre, fecha en la que deberá jubilarse forzosamente al alcanzar la edad máxima de permanencia en activo en la carrera judicial. Hasta entonces, deberá avanzar en los trámites pendientes de una causa que lleva instruyendo desde 2024 y cuyo recorrido ha estado marcado por las discrepancias y correcciones de la Audiencia Provincial de Madrid.
El procedimiento contra Begoña Gómez se encuentra actualmente en la fase intermedia, después de que Peinado acordara en junio la apertura de juicio oral. La Audiencia Provincial de Madrid mantuvo en julio que la investigación podía continuar por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, pero descartó los de corrupción en los negocios y apropiación indebida. El tribunal también dejó sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez.
Ahora, uno de los principales hitos está fijado para el 8 de septiembre, cuando finalice el plazo concedido a las defensas para presentar sus escritos tras el cambio de abogado de Gómez. A partir de ese momento, Peinado deberá continuar con la tramitación de la causa y, si procede, celebrar la audiencia preliminar antes de determinar los siguientes pasos del procedimiento.
La proximidad de su jubilación añade presión al calendario judicial. El magistrado dispone de apenas unas semanas para completar las actuaciones que dependan de él antes de abandonar el juzgado, mientras el futuro del procedimiento deberá continuar posteriormente bajo la responsabilidad del juez que le suceda.
Frentes disciplinarios antes de su jubilación
La situación de Peinado no se limita a la causa contra Begoña Gómez. El juez tiene también pendientes varias actuaciones relacionadas con posibles infracciones disciplinarias. En julio, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial archivó cuatro quejas, pero remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos diligencias para que determine si los hechos pueden constituir faltas disciplinarias leves.
Una de ellas está relacionada con las referencias realizadas por Peinado a los agentes de Policía encargados de la seguridad de Begoña Gómez en un auto judicial. El magistrado afirmó que los escoltas de la mujer de Sánchez podrían ayudarla a fugarse del país. La otra se refiere a una denuncia por un supuesto retraso en la tramitación de un procedimiento.
A estas actuaciones se suman nuevas diligencias abiertas en agosto a raíz de una queja presentada por Manos Limpias, que atribuye al magistrado un supuesto trato desconsiderado hacia uno de sus abogados durante la audiencia preliminar celebrada en junio. Este último procedimiento se encuentra todavía en una fase inicial y no supone, por sí mismo, la apertura de un expediente sancionador.
El TSJ de Madrid deberá analizar las diligencias remitidas una vez finalice el parón del mes de agosto y decidir si existen motivos para abrir un expediente disciplinario. En caso de apreciar una falta leve, las posibles sanciones contempladas incluyen una advertencia o una multa.
La fecha del 27 de septiembre vuelve a ser determinante también en este frente. Si Peinado alcanza la jubilación sin que se haya impuesto una eventual sanción, la posibilidad de hacerla efectiva quedaría extinguida. De este modo, el magistrado afronta sus últimas semanas en activo con el futuro de una causa de enorme repercusión política y con su propia actuación profesional todavía bajo escrutinio.
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