Este martes comienza el juicio por el ‘caso Koldo’ donde el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se van a sentar en la bancada de los acusados del Tribunal Supremo. En él se va a juzgar la presunta irregularidad en la que están implicados en cuanto a los contratos de mascarillas que fueron adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia del covid-19. Pero, ¿qué papel han jugado los tres acusados en la presunta trama de corrupción?
En el ’caso Koldo’ resuenan tres nombres: Koldo, Ábalos y Aldama. El primero de ellos se ha convertido en el eje principal para comprender la trama de las mascarillas, dando a su vez el nombre del caso, y para el que la Fiscalía pide 19 años de prisión. El exasesor fue detenido en 2024 por haber ejercido como intermediario en la presunta corrupción en la compra de las mascarillas durante la pandemia, a través del Ministerio de Transportes cobrando comisiones para facilitar los contratos. En este contexto y según como apunta la Guardia Civil, era el “elemento de conexión” con Ábalos y llevaba a cabo las “instrucciones directas de Ábalos”.
Así aparece el empresario Víctor de Aldama, enlace entre Koldo y las compañías que benefician los contratos de mascarillas, el presunto conseguidor y comisionista de la trama para el que la Fiscalía pide siete años de prisión. Tanto Ábalos como el exasesor se encuentran en prisión provisional mientras que Aldama, al haber confesado mordidas ante el juzgado, salió de la cárcel. La Guardia Civil le considera el “nexo corruptor”.
En el caso de José Luis Ábalos, la Fiscalía solicita 24 años de prisión y se le señala por presunta corrupción, cohecho y organización criminal. Anticorrupción manifiesta que tuvo un “papel principal” ya que los contratos debían estar avalados por él, en ese momento ministro de Transportes. La pregunta que queda flotando es hasta qué punto Ábalos fue un beneficiario puntual de esos servicios o formaba parte activa de una estructura más amplia de utilización de su influencia para favorecer adjudicaciones.
Asimismo, el cuerpo de policía menciona la empresa Soluciones de Gestión, ligada al empresario Juan Carlos Cueto, la cual el sumario describe como una sociedad instrumental utilizada para canalizar grandes contratos de material sanitario y repartirse comisiones presuntamente ilegales.
No obstante, aparecen más nombres como el recién mencionado Cueto, empresario y presunto cerebro de la trama; José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil, al que se le considera conocedor de la presunta corrupción; Joseba García, el hermano de Koldo, considerado testaferro de su familiar; Patricia Uriz, exmujer del exasesor, considerada beneficiada de mordidas; Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, por su contratación en dos empresas públicas; Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias; Francina Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares que, durante la pandemia abonó a Soluciones de Gestión cerca de cuatro millones de euros, y, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también contrató material sanitario de la empresa como presidente de Canarias.
¿En qué consistieron los contratos de mascarillas?
La trama del 'caso Koldo' o ‘caso mascarillas’ fue destapada en febrero de 2024 por la UCO y revelaron que entes dependientes del Ministerio de Transportes -Puertos del Estado y Adif- adjudicaron contratos por 54 millones de euros para 13 millones de mascarillas defectuosas durante la peor fase de la pandemia, con comisiones ilegales de 3,7 millones de euros para Aldama, canalizadas a Ábalos y Koldo vía pagos en negro, regalos y favores políticos.
La Fiscalía Anticorrupción señala que los tres “acordaron la futura comisión de delitos, conforme a que las oportunidades de cometerlos se fueron presentando”. Asimismo, manifiesta que fueron ayudados “por otras autoridades y funcionarios” como también por familiares de Koldo y otros empresarios del entorno de Aldama. Por último, expone que la presunta organización criminal de la que se les acusa, fue creada “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”.
¿El caso salpica al PSOE?
La respuesta a esta cuestión es afirmativa. Ábalos ha sido una figura clave en el Gobierno de Pedro Sánchez. Además, el que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, fue señalado como una de las personas que presuntamente recibió comisiones en la trama. Al mismo tiempo, la UCO apunta a la esposa de Cerdán, Francisca Muñoz Cano, conocida como “Paqui”.
El exsecretario se encuentra actualmente en libertad provisional y se le investiga por integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, por presuntamente liderar la gestión de comisiones ilegales de la constructora Acciona y otras empresas adjudicatarias de obra pública vinculada al PSOE. De la misma manera, la UCO detalla que la esposa de Cerdán cobró unos 9.500 euros en 2018 como “empleada” de la cooperativa Noran, una empresa vinculada al entramado de corrupción, sin que conste actividad laboral real.
No obstante, estos hechos sobre la trama de obra pública que afectan a Cerdán y su entorno no se juzgarán en el Supremo, sino que la línea investigadora continúa abierta en la Audiencia Nacional, mientras el alto tribunal se centra en la etapa de las compras de mascarillas.
