El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez la relación de abogados contratados por el partido entre 2021 y 2025, así como las facturas de los encargos, al tiempo que ha solicitado que esos datos reciban un “tratamiento reservado” y no se faciliten, por ahora, a las partes personadas.
Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha incorporado la documentación entregada en “un 'pendrive' y tres cajas” a una pieza con “acceso reservado únicamente al Ministerio Fiscal en tanto no se finalice su análisis”.
En su escrito, los socialistas responden al requerimiento reiterado del instructor “en aras a la absoluta colaboración con la justicia y el esclarecimiento de los hechos”, y explican que aportan una relación en formato Excel de los profesionales y despachos contratados por los distintos órganos del partido, en la que figuran, para cada encargo, el territorio o federación contratante, el despacho o profesional, los documentos aportados, la cuantía y una descripción genérica de la categoría del servicio prestado.
Facturas, reserva de datos y cita al Tribunal de Cuentas
El partido también ha trasladado las facturas correspondientes a esos servicios, en las que, según señala, “constan los importes, fechas, datos fiscales y conceptos tal y como fueron emitidos”. Con esa documentación, el PSOE sostiene que facilita la información identificativa y económica que permite verificar “la realidad, el volumen y el destino del gasto en servicios jurídicos del PSOE”, unos desembolsos que, añade, “han sido sometidos a auditoría y están depositados en el Tribunal de Cuentas”.
No obstante, la formación precisa que no aporta las facturas, ni incluye en el listado, los servicios correspondientes a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en la causa, porque “ya constan en las actuaciones”.
El PSOE explica además que todas las facturas entregadas han sido emitidas en los distintos territorios y sufragadas por el partido, en atención a las necesidades de asesoramiento jurídico de órganos con distinto ámbito territorial y a la intervención en procedimientos judiciales motivados o vinculados con algún tipo de acción política.
Petición de reserva especial por el momento electoral
La formación advierte de que la documentación entregada “no es inocua”, especialmente por la información contenida en las facturas, al incluir “datos identificativos y económicos que integran el contenido esencial de la intimidad personal”, por lo que reclama que se le dispense un tratamiento reservado.
El partido subraya, además, que esa reserva resulta especialmente necesaria “por el momento en el que nos encontramos”, ya que sostiene que está inmerso en un proceso electoral y que la difusión fragmentada o descontextualizada de esa información puede causar un perjuicio que una rectificación posterior no repara.
Por ello, pide al juez, Pedraz, que forme una pieza separada y reservada para la custodia de la documentación aportada, limite su acceso al tribunal y no dé traslado ni acceso a las partes personadas hasta que, mediante resolución motivada y previa audiencia de los afectados cuando proceda, se valore su relevancia y necesidad para la investigación.
En paralelo, el PSOE solicitó más margen para reunir la documentación requerida por el juez, alegando que había consultado al Consejo General de la Abogacía Española para que se pronunciara sobre si esa información afectaba de algún modo al secreto profesional.
La investigación sobre la presunta trama para desestabilizar causas judiciales
La diligencia acordada por el juez se enmarca en la investigación sobre una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente del Gobierno, una supuesta operación que, según el procedimiento, habría estado dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.
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