El PSOE ha solicitado la reapertura del caso contra la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid archivó la denuncia contra el jefe del gabinete de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), que estaba investigado un delito de revelación de secretos por presuntamente haber filtrado datos personales de dos periodistas de ‘ElPaís’. En su última declaración, antes de entrar al juzgado, ante los medios aseguró que fue "un vecino enfadado" quien le envió la fotografía de los periodistas del medio. No obstante, minutos después señaló a Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, de ser quien le envió las fotos de los dos periodistas.
En este sentido, los socialistas que ejercen la acusación popular, según un escrito al que ha tenido acceso 'eldiario.es', han recurrido el archivo de la causa y han solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que ordene reabrir la investigación. La formación subraya que ni los agentes de Policía que identificaron a los periodistas ni la persona que supuestamente tomó la imagen llegaron a declarar. Según recuerda el recurso–transmitido por el medio mencionado–, la magistrada había llegado a citar a los policías como testigos e incluso suspendió posteriormente sus comparecencias para valorar si debían acudir como investigados, pero finalmente acordó el archivo de la causa antes de resolver esa cuestión.
El PSOE también pone el foco en las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez y de Alberto González Amador, quienes reconocieron ante el juzgado haber eliminado la conversación de WhatsApp en la que, según su versión, el empresario remitió al jefe de gabinete de Ayuso la fotografía de los periodistas. Los socialistas relacionan este hecho con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que condenó al fiscal general del Estado y en la que se cuestionaba la eliminación de mensajes que podrían haber servido para acreditar su relato de los hechos.
De hecho, el escrito recoge que “no será baladí recordar que el investigado, así como el señor González Amador, insistieron en la acusación contra el fiscal general del Estado, que borrar conversaciones era sospechoso en un imputado, ya que un inocente no borra mensajes cuando se ve apuntado por la Justicia. Quien así opinaba ha borrado mensajes cuando se ha visto apuntado por la Justicia”.
La acusación popular también cuestiona la documentación aportada posteriormente por González Amador para respaldar su versión. Según sostiene el PSOE, se trata de material “confuso e inconsistente”, compuesto por capturas de pantalla cuya autenticidad, fecha y participantes no habrían sido verificadas. En el recurso se señala que “ninguno de estos mensajes ha sido cotejado ni se ha verificado su realidad, las personas intervinientes o sus fechas”.
Por último, los socialistas sostienen que la magistrada “ha anticipado el cierre de la instrucción” sin haber aclarado aspectos fundamentales del caso y denuncian una actuación basada en “una práctica sesgada de diligencias, donde se descartan aquellas dirigidas a la averiguación del delito en favor de otras dirigidas a exculpar al imputado”, en referencia a Miguel Ángel Rodríguez.
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