El Tribunal Supremo ha recibido la reciente declaración de la secretaria del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El juicio por el ‘caso mascarillas’ investiga al exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia.
En este contexto, Ana María Aranda, exsecretaria de Ábalos ha declarado que la expareja del exministro Jessica Rodríguez le acompañó en 13 de los 293 viajes oficiales, pero “jamás” se pagaron con fondos públicos del Ministerio y ha asegurado que fue Koldo García con su tarjeta de crédito personal, quien los abonó.
Asimismo, se le ha preguntado por la presencia en el Ministerio de Transportes, del presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama. En este sentido, ha expresado que lo vio varias veces en la institución y que, accedía “por el patio de altos cargos que utilizaba el ministro y subía por el ascensor”. “Yo siempre veía al señor Aldama subir a nuestra planta e irse a ver al señor Koldo García”, ha confirmado.
A su vez, ha expresado que le vio en tres reuniones: una con el gobernador de Oaxaca y dos con el exconsejero delegado de Globalia Javier Hidalgo. Ante esto, ha esclarecido que nunca se le dijo “de manera oficial” que tuviese que convocar al empresario Aldama.
¿En qué consistieron los contratos de mascarillas?
La trama del ‘caso mascarillas’ fue destapada en febrero de 2024 por la UCO y revelaron que entes dependientes del Ministerio de Transportes -Puertos del Estado y Adif- adjudicaron contratos por 54 millones de euros para 13 millones de mascarillas defectuosas durante la peor fase de la pandemia, con comisiones ilegales de 3,7 millones de euros para Aldama, canalizadas a Ábalos y Koldo vía pagos en negro, regalos y favores políticos.
La Fiscalía Anticorrupción señala que los tres “acordaron la futura comisión de delitos, conforme a que las oportunidades de cometerlos se fueron presentando”. Asimismo, manifiesta que fueron ayudados “por otras autoridades y funcionarios” como también por familiares de Koldo y otros empresarios del entorno de Aldama. Por último, expone que la presunta organización criminal de la que se les acusa, fue creada “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”.
